Aunque las elecciones internas municipales concluyeron sin incidentes de violencia, lo ocurrido durante el día dejó una percepción generalizada entre electores de una organización deficiente, con serias falencias para garantizar el normal desarrollo del sufragio y el respeto a sus principios básicos.
Desde el inicio, el proceso presentó demoras debido a la ausencia de miembros de mesa, lo que retrasó la apertura de los comicios pese a la presencia de ciudadanos que aguardaban desde tempranas horas para votar.
A lo largo de la jornada también surgieron denuncias sobre inducción al voto mediante papeles con indicaciones electorales dentro del local de votación, situación que generó preocupación entre los electores y cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos de fiscalización.
Uno de los episodios más llamativos fue el ingreso simultáneo de hasta tres personas al cuarto oscuro, sin que se haya registrado intervención inmediata de las autoridades electorales. Este hecho fue señalado por la mayoría de los votantes como una vulneración directa al principio del voto secreto y una muestra de la fragilidad de los controles en el recinto electoral.
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Coordinador hizo caso omiso a las irregularidades
En el lugar se consultó al coordinador del Registro Electoral, Roque Cáceres, quien no intervino ante la situación. El mismo hizo caso omiso y se excusó señalando que, supuestamente, varios apoderados habrían acordado permitir la modalidad de votación observada, versión que generó aún más cuestionamientos por parte de los presentes.
Cáceres incluso reconoció no haberse percatado de las denuncias vinculadas a la circulación de supuestas instrucciones de voto, lo que reforzó las críticas sobre la limitada capacidad de supervisión durante la jornada.
Al respecto, la abogada Juana Sugasti, jefa del Registro Electoral de Caacupé, fue categórica al señalar que este tipo de prácticas constituyen un hecho irregular. Indicó que no puede permitirse ningún acuerdo entre apoderados que altere las normas del proceso electoral, ya que se trataría de una situación que podría configurar un delito electoral.
“Si esto ocurre en unas internas, preocupa lo que pueda pasar en unas elecciones generales”, expresó la electora Cecilia Martínez de Cabañas, reflejando el malestar de varios votantes ante lo ocurrido.
Con más de 8.000 electores habilitados en la compañía Cabañas y un padrón departamental que supera los 220.000 en Cordillera, la jornada cerró dejando una sensación extendida de serias deficiencias organizativas y falta de garantías. Para numerosos electores, el balance fue negativo: un proceso electoral atravesado por la falta de transparencia y una organización que no estuvo a la altura de la responsabilidad democrática que exigía la jornada.
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