La Cámara de Diputados sancionó y remitió al Ejecutivo para su promulgación o veto el proyecto de ley “que modifica el artículo 207 de la Ley N° 1680/2001, ‘Código de la Niñez y la Adolescencia’“, que plantea elevar de 8 años a 10 años el máximo de pena carcelaria para menores en casos extremadamente graves.
La controversia central en este caso era sobre los años máximos, ya que en su tercera vuelta, el Senado se ratificó en elevar incluso a 15 años el máximo, pero finalmente, por 43 votos, Diputados impuso su versión de los 10 años.
La presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, la diputada Dalia Estigarribia (PLRA, Nuevo Liberalismo) argumentó el dictamen a favor de la ratificación, reconociendo la existencia de hechos graves que involucran a menores, pero que también contempla otro aspecto de esta realidad, que es que se trata de menores de edad.
“La propuesta aprobada por Diputados busca encontrar ese equilibrio, ya que por un lado establece consecuencias más claras y proporcionales para aquellos casos donde hay agravantes, pidiendo llegar hasta 10 años de pena privativa de libertad. Pero al mismo tiempo entiende que estamos hablando de adolescentes y que el objetivo de la justicia especializada no puede ser solo castigar; sino también trabajar para que no vuelvan a cometer hechos que dañen a otros o a ellos mismos”, dijo Estigarribia.
Acotó que la versión Diputados también establece otros protocolos de acompañamiento y evaluación psicológica para los menores infractores, a fin de buscar la reinserción de los mismos, ya que “una sociedad no puede limitarse a encerrar problemas”.
Finalmente, dijo que el objetivo perseguido por Diputados busca una justicia que “responsabiliza, educa y previene” otros hechos de violencia vinculados a menores.
Estigarribia fue la única interviniente, por lo que no hubo argumento a favor de la versión Senado. De los 45 presentes, solo los diputados Jorge Ávalos Mariño (PLRA) y Johanna Ortega (Partido País Solidario) optaron por la abstención.
Esta iniciativa de endurecer las sanciones contra menores de edad surgió tras el brutal asesinato hace un año de la adolescente María Fernanda Benítez (Mafe) de 17 años, que, para más estaba embarazada al momento del crimen.
Este último dato es relevante, ya que habría sido el motivo que impulsó al presunto asesino, también menor de edad (supuestamente en complicidad con su familia), para asesinarla e intentar deshacerse del cuerpo, quemándolo en un predio baldío.