El pasado 28 de mayo tristemente falleció Fidelino Quintana tras una larga lucha por justicia junto a su ahora viuda Felicita Arrúa, que hasta hoy sigue sin ver presos a todos los responsables del operativo policial que durante el gobierno de Horacio Cartes le segó la vida a su hijo, Rodrigo Quintana.
“La concesión de esta pensión graciable no solo representa un acto de estricta justicia social para asegurar condiciones de vida dignas a una adulta mayor en situación de riesgo, sino también un reconocimiento institucional impostergable hacia la madre de quien, por su sacrificio en defensa de la institucionalidad, es legítimamente considerado un mártir de la democracia contemporánea de nuestra República“, enfatizó el diputado proponente Jorge Ávalos Mariño.
En agosto de 2017, cuatro meses después del asesinato de Quintana, paradójicamente el propio Cartes había promulgado por ley la concesión de una pensión graciable en favor de don Fidelino Quintana por la suma de G. 2.500.000.
Sin embargo, con su muerte, esta ley quedó revocada, dejando desamparada a doña Felicita Arrúa, que a partir de ahora enfrenta la vida sin su esposo y con un hijo arrebatado por fuerza del Estado.
Es por ello que la semana pasada, el diputado Jorge Ávalos Mariño presentó este proyecto de ley que ni siquiera plantea un reajuste del monto, sino simplemente mantener los G. 2.500.000 anteriormente asignados.
Entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017, la Policía Nacional allanó a los tiros y sin orden judicial la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), donde un fatídico disparo de escopeta dio en la espalda de Rodrigo Quintana, que trató de guarecerse junto a otros manifestantes contra el inconstitucional intento de enmienda para la reelección de Cartes.
Como autor del disparo mortal fue señalado el suboficial de la Policía Nacional Gustavo Adolfo Florentín Silva, cuya condena a 24 años de prisión por homicidio doloso se confirmó en noviembre del año pasado.
Sin embargo, la justicia nunca dio con el responsable de dar la orden de atropello ilegal al PLRA ni indagó sobre el cruce de llamadas entre los cabecillas del operativo y allegado del gobierno de HC.