Tras cajonear desde inicios de abril pasado, la Cámara de Diputados incluyó como 4º punto del orden del día el proyecto de ley “que prohíbe durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, a las máximas autoridades de las instituciones que ocupan cargos de conducción política y de conducción superior”, que tiene como fecha de sanción ficta el próximo 9 de julio.
Forzados por la presión ciudadana y no por un espíritu altruista,los senadores habían dado media sanción a este proyecto que, para colmo solo regiría este año, del cual solo queda un semestre.
En marzo pasado, mientras el entonces ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos plantea a la ciudadanía acogerse a un régimen de “economía de guerra”, resultó que autoridades del Gobierno, entre ellas el presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez se autoasignaron millonarias bonificaciones, sumando a sus ya de por si escandalosos salarios a costa del Estado.
En el caso de “Bachi”, cuya dieta neta es de G. 32.606.840, a lo que se suma el beneficio en concepto de gasto de representación de G. 9.595.060, haciendo que cobre al mes la nada despreciable suma de G. 42.201.900
Como si esto no le bastara, también se había autoasignado un sobresueldo en concepto de “bonificación por responsabilidad” de G. 21.100.950, elevando su ingreso mensual a G. 63.302.850.
No se descarta que incluso Diputados llegue a dilatar el tema una semana más, ya que aún les queda la sesión ordinaria del 7 de junio antes de la sanción ficta.
Esto ya que claramente no tiene ningún interés de apurar, ya que en los 2 meses que lleva el proyecto en Diputados ni siquiera fue dictaminado aún por ninguna de las 7 comisiones a las que fue girado el proyecto.
Además de Bachi, que una vez que fue pillado dispuso cortar el cobro pero no devolvió lo que ya se había embolsado, también se autoasignaron estos escandalosos sobresueldos los ministros del Ejecutivo, aunque en montos relativamente menores y que variaban según la cartera estatal.