El proyecto que elimina bonificaciones a funcionarios con cargos de conducción política obtuvo dictamen favorable con modificaciones en comisiones de Hacienda y Presupuesto y Cuentas y Control del Senado.
La iniciativa -impulsada por varios legisladores, entre ellos Basilio Núñez- busca reducir gastos públicos sólo por este año, aunque su alcance genera cuestionamientos.
El Ministerio de Economía y Finanzas interino Juan José Galeano solicitó reagendar la reunión para que el nuevo titular de la cartera participe del análisis del proyecto.
Posturas divididas en el Senado
El senador Dionisio Amarilla (PLRA, HC) propuso discutir la iniciativa en el pleno y ampliar su alcance.
Señaló que autoridades académicas como rectores y decanos de universidades públicas no están incluidas, lo que limitaría el ahorro para las arcas públicas.
Por su parte, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) fue crítica y pidió incluso un dictamen negativo. Consideró que el proyecto refleja un “ligero arrepentimiento” y que eliminar bonificaciones debería ser una señal real de renuncia a privilegios.
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En tanto, la senadora cartista Lizarella Valiente planteó ampliar la medida a gobernadores para mayor coherencia fiscal.
El senador Natalicio Chase defendió la aprobación con cambios. Admitió que el impacto sería limitado, estimado en alrededor de USD 1 millón anual, pero lo consideró un primer paso institucional.
También acompañaron la propuesta Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana y Walter Kobylanski de Cruzada Nacional (CN).
Jubilación VIP: reforma sin tocar privilegios clave
En paralelo, el Senado se apresta a tratar la modificación de la denominada Caja VIP Parlamentaria, ya aprobada por Diputados y con votos suficientes para su sanción.
La reforma elimina el aporte estatal directo de unos G. 4.500 millones, pero mantiene los principales beneficios:
- Jubilación con solo 10 años de aporte y 55 años de edad (extraordinaria).
- Pensiones que superan los G. 30 millones mensuales.
- Posibilidad de retirar gran parte de los aportes.
Además, aunque se plantea como una “caja privada”, el propio proyecto establece que los gastos administrativos seguirán cubiertos por el Estado, lo que genera cuestionamientos sobre su coherencia.