La Cámara de Senadores resolvió este miércoles último postergar nuevamente el tratamiento del proyecto de ley que busca flexibilizar los controles administrativos sobre los recursos públicos transferidos a las comisiones vecinales, una iniciativa que ha generado un fuerte debate entre oficialismo y oposición por sus implicancias en materia de transparencia.
La propia proyectista, la senadora cartista Lizarella Valiente, esposa del cuestionado exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, solicitó el aplazamiento del estudio de la propuesta durante la sesión ordinaria. “Presidente, yo solicito la postergación del tratamiento de este proyecto de ley”, expresó la legisladora ante el pleno sin dar mayores detalles.
La iniciativa pretende excluir a las comisiones vecinales del régimen previsto en el artículo 7°, inciso 4, de la Ley N.º 7609, que establece requisitos y mecanismos de control para las organizaciones sin fines de lucro que reciben recursos públicos.
Comisión de Asuntos Constitucionales quedó dividida
Antes de la postergación, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Javier Zacarías Irún (ANR, HC) informó que el proyecto cuenta con dos dictámenes: uno favorable y otro por el rechazo.
El legislador explicó que el dictamen en minoría considera inconveniente reducir los controles sobre la utilización de recursos públicos.
“No creímos que sea conveniente liberar fondos sin mayores controles. Que los municipios eventualmente entreguen dinero sin el control necesario de Contrataciones Públicas y otras instituciones que hacen al control estricto del dinero público no nos parece lo más conveniente”, sostuvo.
Zacarías Irún afirmó que la intención no es debilitar a las comisiones vecinales, sino fortalecerlas dentro de un esquema de transparencia.
“Respetamos y queremos fortalecer a las comisiones vecinales, pero siempre dentro del ámbito del estricto control y la transparencia, que hoy más que nunca requieren nuestro país y la administración de la cosa pública”.
El senador también manifestó preocupación por la forma en que algunos municipios administran estos recursos.
“Vemos con mucha preocupación que algunos municipios del país tienen más presupuesto en entrega directa de dinero a las comisiones vecinales que en licitaciones públicas nacionales que pasan por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”.
Añadió que esa situación podría favorecer un manejo discrecional de fondos públicos. “Eso sería un problema bastante claro con relación al manejo público discrecional sin el control respectivo de las instituciones que fiscalizan cualquier ente público de la República”.
El proyecto busca reducir exigencias administrativas
La propuesta legislativa fue presentada por Lizarella Valiente tras reclamos de coordinadores de comisiones vecinales que consideran excesivos los requisitos impuestos por la Ley 7609 para acceder a fondos públicos destinados a proyectos comunitarios.
La normativa vigente exige, entre otros documentos:
- Acta notarial de constitución.
- Estatutos protocolizados.
- Registro Único del Contribuyente (RUC).
- Cuenta bancaria en el Banco Nacional de Fomento.
- Registro de autoridades.
- Certificaciones de la Abogacía del Tesoro.
- Inscripción en el Identificador de Acreedor Presupuestario.
Con la modificación planteada, gran parte del control administrativo volvería a depender de las municipalidades, mientras que la Contraloría General de la República mantendría únicamente el control posterior sobre el uso de los recursos.
El debate continuará en el Senado
El proyecto cuenta actualmente con dictámenes divididos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, mientras que las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Cuentas y Control recomendaron su aprobación.
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No es la primera vez que el tratamiento se aplaza. A comienzos de junio, la senadora Esperanza Martínez ya había solicitado la postergación del estudio de la iniciativa. Es la cuarta vez que el proyecto se posterga.
Con la nueva decisión del pleno, el debate sobre la flexibilización de los controles a los recursos destinados a las comisiones vecinales queda pendiente para una próxima sesión, en medio de cuestionamientos sobre el equilibrio entre facilitar la gestión comunitaria y garantizar la transparencia en el manejo del dinero público.