El proyecto de ley presentado por la senadora Lizarella Valiente (ANR, HC), esposa del exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, plantea excluir a las comisiones vecinales del régimen establecido en el artículo 7°, inciso 4, de la Ley N.º 7609, correspondiente al Presupuesto General de la Nación, que obliga a los organismos y entidades del Estado a informar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre los proyectos adjudicados a organizaciones sin fines de lucro.
De aprobarse, el control administrativo volvería a depender principalmente de cada municipio, invocando el principio de autonomía municipal, mientras que la Contraloría General de la República mantendría el control posterior de los recursos.
El proyecto fue impulsado, según la senadora Valiente, tras reclamos de coordinadores de comisiones vecinales, quienes sostienen que las exigencias documentales impuestas por la normativa vigente dificultan la ejecución de proyectos de mejoramiento barrial.
Lea más: Hugo Javier busca frenar condena con una acción de inconstitucionalidad
Actualmente la normativa vigente establece como requisitos: la presentación de actas notariales de constitución, estatutos protocolizados, inscripción tributaria, apertura de cuentas bancarias en el Banco Nacional de Fomento, registro de autoridades con antecedentes judiciales, constancias de la Abogacía del Tesoro e inscripción en el identificador de acreedor presupuestario.
Oposición advierte riesgo de volver al antiguo esquema
El punto ya fue debatido en la Comisión de Asuntos Constitucionales, ocasión donde varios senadores opositores advirtieron que eliminar estos controles podría representar un retroceso en materia de transparencia y facilitar nuevamente mecanismos utilizados en el pasado para desviar recursos públicos mediante comisiones vecinales.
El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), cuestionó tanto la forma como el fondo del proyecto. En primer lugar, sostuvo que, al tratarse de una legislación sobre asuntos municipales, la iniciativa debió haberse originado en la Cámara de Diputados por mandato constitucional.
Filizzola afirmó que cuando existen hechos de corrupción, suele producirse una colusión entre autoridades municipales y determinadas comisiones vecinales constituidas específicamente para canalizar recursos públicos de manera irregular.
Lea más: Municipalidad de Asunción: denuncia penal por corrupción apunta a Nenecho y 14 concejales
Según señaló, el problema no radica en las organizaciones comunitarias que trabajan legítimamente por sus barrios, sino en aquellas creadas para facilitar maniobras de defraudación en complicidad con administraciones municipales.
El legislador también criticó la práctica de modificar o dejar sin efecto el Presupuesto General de la Nación mediante la ley de presupuesto, calificándola como una de las prácticas “más perversas” del sistema legislativo.
Filizzola propone revisar toda la “ley garrote”
No obstante, Filizzola reconoció que la normativa vigente impone exigencias excesivamente rigurosas no solo para las comisiones vecinales, sino también para numerosas organizaciones civiles. Indicó que se busca favorecer a “comisiones vecinales amigas”.
En ese sentido, sostuvo que, en lugar de excluir únicamente a las comisiones vecinales, el Congreso debería revisar integralmente la legislación que regula a las organizaciones sin fines de lucro.
Afirmó que la denominada “ley garrote” fue diseñada para limitar la participación ciudadana en los asuntos públicos y planteó que, si realmente existe voluntad política de flexibilizar los requisitos, corresponde modificar esa legislación en general y establecer un régimen más razonable para todas las organizaciones, sin sacrificar los mecanismos de control sobre los recursos estatales.
Nakayama alerta sobre menor transparencia
El senador Eduardo Nakayama (independiente) también manifestó su rechazo al proyecto al advertir que toda entidad que administre dinero proveniente del Estado debe rendir cuentas sin excepciones.
Sostuvo que la obligación de controlar el destino de los recursos públicos debe ser “absoluta, universal y simétrica”, independientemente de la naturaleza de la organización beneficiaria.
Además, alertó que una flexibilización de los requisitos podría incentivar la creación masiva de comisiones vecinales para canalizar recursos públicos sin que existan responsables claramente identificados ante la ciudadanía.
Lea más: Senado: Cartistas buscan flexibilizar la “ley Anti ONGs” para comisiones vecinales amigas
Por su parte, la proyectista, la senadora Lizarella Valiente, defendió la iniciativa argumentando que la Constitución garantiza la libertad de asociación y que las comisiones vecinales constituyen una herramienta de participación ciudadana.
Afirmó que las municipalidades ya cuentan con mecanismos suficientes para verificar la conformación y funcionamiento de estas organizaciones y sostuvo que las actuales exigencias burocráticas terminan frenando obras de infraestructura y proyectos comunitarios que cuentan con aprobación municipal.
La legisladora insistió en que el objetivo es facilitar la organización vecinal y fortalecer el protagonismo de los ciudadanos en el mejoramiento de sus barrios.
El proyecto de ley cuenta con dictamen a favor y en contra de la comisión de Asuntos Constitucionales, mientras que las comisiones de Hacienda y Presupuesto y Cuentas y Control, se aconseja su aprobación. A inicios del mes de junio la senadora Esperanza Martínez (PPC) ya había solicitado la postergación de la norma.