La Cámara de Diputados otorgó este martes media sanción al proyecto que modifica la Ley N° 6814/2021, que establece los requisitos para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en representación del Congreso. La iniciativa, conocida como ley “Anti Hernán Rivas”, terminó siendo aprobada en una versión menos exigente que la impulsada por sectores de la oposición, lo que desató nuevas críticas al oficialismo.
El diputado liberal Antonio Buzarquis sostuvo que la normativa aprobada quedó “muy frágil, muy débil y muy complaciente”, al considerar que desaprovecha la oportunidad de elevar los requisitos para quienes tendrán la responsabilidad de juzgar la conducta de magistrados y fiscales.
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“No se puede hacer leyes a la medida de las personas”
Buzarquis recordó que la propuesta buscaba exigir una trayectoria profesional acorde con la relevancia del cargo, tomando como referencia los requisitos que la propia Constitución establece para integrar el Consejo de la Magistratura.
Según argumentó, resulta contradictorio que para conformar ternas de jueces la Carta Magna exija diez años de ejercicio profesional y 35 años de edad, mientras que para integrar el órgano encargado de enjuiciar magistrados los requisitos sean considerablemente menores. A su criterio, quienes representen al Congreso en el JEM deben reunir experiencia, honorabilidad, autoridad moral y solvencia jurídica.
El legislador cuestionó además que las leyes sean modificadas para responder a coyunturas políticas y no para fortalecer las instituciones. “Somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a la ley y no la ley a nosotros”, remarcó al defender el proyecto original.
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Apunta al caso Hernán Rivas y denuncia “copamiento”
El parlamentario vinculó la necesidad de la reforma con el caso del senador cartista Hernán Rivas, quien afronta un proceso penal por la presunta utilización de un título universitario falso para ejercer como abogado y acceder al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Para Buzarquis, si una legislación más estricta hubiera estado vigente años atrás, personas sin la experiencia ni la formación requeridas nunca habrían ocupado esos espacios de poder. Incluso advirtió que algunas de esas designaciones terminaron afectando el funcionamiento del sistema judicial y debilitando la credibilidad de las instituciones.
El diputado también acusó al cartismo de utilizar su mayoría parlamentaria para imponer una versión más flexible del proyecto. “Hacemos lo que queremos porque somos mayoría”, cuestionó, al sostener que existe un proceso de “copamiento” institucional que prioriza intereses políticos por encima del fortalecimiento de la Justicia.
“Todavía se puede volver a intentar”
Pese al revés legislativo, Buzarquis afirmó que insistirá con una reforma más exigente y expresó su expectativa de que futuros proyectos cuenten con el respaldo de gremios de abogados y asociaciones de magistrados.
A modo de comparación, sostuvo que nadie elegiría a un médico sin experiencia para realizar una cirugía compleja, por lo que tampoco debería permitirse que personas sin trayectoria profesional sean las encargadas de investigar y sancionar a jueces y fiscales. En su opinión, la institucionalidad solo podrá fortalecerse cuando los representantes ante el JEM reúnan no solo formación jurídica, sino también solvencia ética y moral.