En más de cinco ocasiones y por más de un año la mayoría cartista en Cámara de Diputados viene postergando el tratamiento de la denominada Ley “Anti Hernán Rivas”, que básicamente plantea exigir que para ser designado representante del Congreso ante el JEM (cada cámara tiene dos representantes) se deba acreditar -además del título de abogado- el haber ejercido la profesión al menos por 10 años, algo que benefició a uno de los suyos electo la semana pasada como miembro del JEM.
Esto a fin de evitar nuevos casos como el exsenador cartista Hernán David Rivas y el exdiputado cartista Orlando Arévalo (ahora en Fuerza Republicana), que pese a tener títulos presuntamente falsos de abogados, no solo llegaron a ser miembros del JEM, sino que incluso llegaron a presidir el órgano extrapoder.
El proyecto de ley que formalmente se denomina “que modifica el artículo 3º de la Ley 6814/2021 que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra” ya contaba con todos los dictámenes e incluso concesiones hechas por los proyectistas Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) y Jorge Ávalos Mariño (PLRA) justamente para eliminar toda excusa para la dilación.
Sin embargo, ahora se hace evidente cuál era el verdadero motivo de la bancada cartista para evitar la aprobación del proyecto, al menos antes de la nueva elección de miembros para el periodo 2026-2028, que era lograr la reelección del diputado cartista Diego Crispin Candia.
El proyecto en cuestión plantea agregar a la ley los siguiente: “Para la designación de los representantes de cada Cámara del Congreso, estos deben reunir los siguientes requisitos: ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta y cinco años, poseer título universitario de abogado cumpliendo los requisitos establecidos en las leyes que regulan la materia y durante el término de diez años cuanto menos, haber ejercido efectivamente la profesión o desempeñado funciones en la magistratura judicial o en el Ministerio Público, o ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica, conjunta, separada o alternativamente".
Según los datos públicos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Candia obtuvo su título en diciembre de 2019, es decir, hace solo 7 años, cuestión que le hubiese impedido ser electo como miembro del JEM en caso de regir las modificaciones propuestas.
Lo más contradictorio es que este requisito de los 10 años de experiencia demostrable como abogados ya rige para el Consejo de la Magistratura (CM), pero los cartistas se oponen hasta ahora rotundamente a aplicarlo en el JEM, pese a los dos nefastos antecedentes que ellos propiciaron.
En el caso de Rivas, pese a las dudas sobre su título de la Universidad Sudamericana, nunca pudiendo siquiera citar el nombre de algún compañero o docente, el cartismo lo designó miembro del JEM en dos ocasiones, primero cuando era Diputado en el periodo 2018-2023 y luego tras asumir como senador en julio de 2023, hasta que se vio forzado a renunciar por el escándalo y el proceso judicial en su contra.
Otra “joyita” que puso el cartismo en el JEM fue el exdiputado Orlando Arévalo, cuyo título de la Universidad Leonardo Da Vinci también levantó sospechas. Aunque, en su caso, aun siendo presidente del JEM, logró que la Fiscalía tome como testigos ciertos de sus supuestos compañeros y docentes a subordinados de Arévalo.
Si bien logró zafar de esa causa, luego se vio obligado a dimitir tanto al órgano extrapoder como a su banca en Diputados tras el caso denominado “La mafia manda”, donde se abrió una causa en base a conversaciones obtenidas durante una pericia judicial, en las que se evidenció un presunto tráfico de influencias en el JEM de Arévalo junto su entonces colega diputado cartista Eulalio “Lalo” Gómes (+).
Justamente por dicho caso, hace casi un mes la Fiscalía presentó una acusación y pidió juicio oral y público contra Arévalo, por presunto cohecho pasivo agravado (coima), ya que según la acusación, el Ministerio Público comprobó cómo el exmiembro del JEM habría recibido pagos para ayudar en procesos a fiscales y jueces investigados.
Ridículas excusas
En la última postergación de la Ley “Anti Rivas”, el diputado y líder de bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto había solicitado la postergación alegando pretender afinar algunos detalles al proyecto, aunque en realidad, la propia proyectista le avisó que ya habían cedido a todos sus pedidos justamente para no seguir dilatando el tema.
El supuesto punto en controversia es que también el proyecto pretende modificar la duración del mandato de los miembros en representación del Congreso, que actualmente es de 3 años, que en la práctica se incumple, ya que solo los electos al inicio del periodo legislativo lo culminan, dado que el periodo legislativo es de solo 5 años.
Es decir, los electo tras los primeros 3 años solo tienen una mandato efectivo de dos años, lo que se corta ya sea por no haber sido reelectos como legisladores o al haberse cambiado de cámara.
Los proyectista, Vallejo y Ávalos Mariño originalmente incluso habían planteado que el mandato de los miembros dure solo 1 año, a fin de evitar que tengan tiempo de armar “roscas”, como viene ocurriendo desde el caso del exsenador cartista Óscar González Daher (+). Sin embargo, al no encontrar consenso, aceptaron como punto intermedio que sean dos periodos iguales de 2 años y medio.
Incluso pese a la predisposición de los cartistas, optaron por dilatar el estudio del proyecto hasta después de esta última elección, pero tampoco hay garantías de su tratamiento este martes, ya que figura como penúltimo punto del orden del día (16 de 17 en total).