El proyecto de ley “que autoriza la transferencia laboral excepcional del personal de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima, Copaco S.A., a instituciones del Estado” figura como punto 16 del orden del día de la sesión del próximo martes en Diputados.
La iniciativa plantea como una herramienta para “abrir la canilla” para que posibles operadores políticos ubicados en la deficiente Copaco, que está al borde de colapso por mala gestión, sean reubicados para seguir colgados del presupuesto público.
Pese a su inclusión en el orden del día, la iniciativa ni siquiera tiene aún dictamen, ya que pese a su intento de tratamiento en comisiones, ni los propios cartistas se atreven a sentar postura a favor. Apesar de ser claramente inviable y peligroso, tampoco quieren perder votos a puertas de elecciones municipales.
Con el afán de mantener la categoría de grado de inversión más que por una cuestión de responsabilidad, el gobierno de Santiago Peña se vio forzado a promulgar a inicios del año pasado la Ley Nº 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, que obliga a que el concurso sea la única vía para el acceso a cargos públicos (salvo los de confianza).
Sin embargo, este proyecto de ley plantea crear una excepción para el caso de Copaco, exceptuando a sus funcionarios del requisito del concurso, lo que podría crear además un nefasto precedente para evadir la nueva ley de la Función Pública.
Lo más grave es que abre la puerta a posibles “negociados” con los traslados, ya que Copaco cuenta con 3.200 funcionarios, los cuales obviamente no podrán ser reubicados en su totalidad. Por lo tanto, lo más probable es que tengan prioridad los que tienen padrinos políticos o los que acuerden con las autoridades de las instituciones receptoras.