La sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de la fecha, que contó con solo 15 puntos en el orden del día y sin etapa de oradores, volvió a quedar sin quórum sin tratar el proyecto de “reforma” del “Fondo de jubilaciones para miembros del Poder Legislativo de la Nación” y con ello, mañana jueves 13 tendrá sanción automática la versión Senado, que hace cambios para no cambiar nada.
Adrede y a sabiendas de que mañana tendrá sanción ficta, el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, dejó como último punto el tratamiento de este proyecto, y al llegar al punto 8 de la sesión de hoy, quedó sin quórum.
La versión a ser sancionada no tiene grandes diferencias con relación a la versión Diputados ni tampoco quita el hecho de que los legisladores seguirán teniendo una jubilación VIP, ya que los legisladores podrán seguir jubilándose solo con 10 años (jubilación extraordinaria) y 15 años de aportes (ordinaria), a diferencia de los aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS), que para la jubilación ordinaria deben aportar 25 años.
Es decir, por ejemplo un asalariado mínimo debe aportar 10 años más, para jubilarse con una pensión 10 veces menor, ya que un legislador que llega a la jubilación ordinaria tiene derecho a cobrar G. 30.320.000 (el 80% de la dieta actual), mientras que un asalariado mínimo tendrá una pensión de solo G. 3.044.000.
Para intentar ensalzar esta supuesta “reforma”, los parlamentarios introdujeron una “prohibición” para recibir fondos públicos, con lo que se convierte supuestamente en una “caja privada”.
Sin embargo, en la realidad sigue siendo una caja con financiamiento del erario público, ya que se sustenta con parte de la dieta de los legisladores y el aporte es obligatorio, es decir, no se les permitió a quienes no querían sostener este escandaloso beneficio el no aportar.
Además, al tener ellos la lapicera, en cualquier momento por otra ley pueden tanto autoaumentarse sus dietas, como lo hicieron en 2024 donde de un zarpazo se subieron G. 5.000.000 a su salario, o bien, mediante otra ley hacer una excepción a la prohibición de recibir fondos públicos.
Otra diferencia sustancial respecto a los aportantes del IPS es que a los legisladores se les sigue permitiendo retirar el 95% de sus aportes si es que no llegan a jubilarse.