Por casi unanimidad -salvo uno- de los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, se decidió elevar al pleno la nómina de 36 candidatos a Contralor General de la República y Subcontralor General de la República, incluyendo al actual titular del ente y virtual candidato al rekutú del cartismo, Camilo Benítez Aldana, que fue objetado por el senador liberal Líder Amarilla.
Originalmente se presentaron 49 candidatos, de los cuales fueron excluidos cuatro postulantes por no cumplir con los requisitos legales; cuatro postulantes no se presentaron a las audiencias y cinco retiraron su postulación. De esta lista de 36 postulantes, el pleno del Senado deberá conformar las dos ternas, las cuales luego remitirá a Diputados para de ellas designe a un Contralor y un Subcontralor.
El senador Amarilla reiteró su pedido de exclusión de Camilo Benítez por considerar su postulación como inconstitucional, debido a que la ley prevé solo una reelección en el cargo, y sostiene que él ya la tuvo tras asumir primeramente en 2019 en reemplazo de Enrique García (que renunció) y en 2021, cuando fue designado por el Congreso.
Ante esto, el presidente de la comisión, el senador cartista Javier Zacarías Irún solicitó leer el dictamen del asesor jurídico del Congreso, Emilio Camacho, que argumentó que la postulación de Benítez es legal, ya que su primera designación se hizo en sustitución del entonces contralor renunciante, García y no por designación del Congreso por el periodo completo.
“En el año 2019, el señor Camilo Benítez no fue designado ni electo como contralor, asumió dicho cargo en reemplazo del contralor designado. Por tal motivo, recién en el año 2021 fue electo por primera vez, por lo tanto, conforme el artículo 22 de la orgánica de la Contraloría puede ser reelegido por un periodo más”, señala parte del dictamen de Camacho leído.
Esto desató las duras críticas del senador Líder Amarilla, que acusó a Camacho de expedir ese dictamen y lo contrastó con los argumentos jurídicos de los abogados constitucionalistas Evelio Fernández Arévalo (+) y José Antonio Moreno Ruffinelli, padre del actual ministro asesor jurídico de Santiago Peña, Roberto “Ilo” Moreno.
“Hay asesores jurídicos lastimosamente que se quieren congraciar con el poder de turno... esto es lo lamentable en el Paraguay, presidente. Oñe congracia, como el dictamen que leyó recién el con el secretario general emitido por el doctor Camacho. Es una lástima que por cobrar un salario en la Cámara de Senadores haga este tipo de dictamen”, criticó Amarilla.
El mismo reafirmó que en 2021, Camilo Benítez asumió como contralor, firmó como contralor y en 2022 tuvo su reelección, y que la Constitución no dice que debe de culminar el mandato.
“Si camina con dos patas, tiene pluma y hace ‘cuek cuek’ es pato, he’i ko peteĩ chiste, ha pea portepe hina (dice un chiste, y ese estilo es). Juró, firmó y asumió el cargo, pero el supuestamente no fue confirmado en un segundo periodo. Un chiste es la interpretación que le queremos dar”, insistió Amarilla.
También citó parte del parecer jurídico publicado por Fernández Arévalo y Moreno Rufinelli, donde estos señalan que “la norma expresada en ese anunciado constitucional determina que en ningún caso un Contralor General de la República puede desempeñarse como tal por más de dos períodos, es decir, por más de 10 años. ¿Qué significa esto? Significa que se quiere poner límites a para que las personas puedan ocupar un periodo de tiempo nada más y no perpetuarse en el cargo"; insistió.
Finalmente dijo que esto podría ser un caso similar al del exsenador cartista Hernán David Rivas, que actualmente enfrenta juicio oral y público por presuntamente ser miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) con presunto título falso de abogado.
“Le digo con todo respeto, se está juzgando públicamente el caso del excolega Hernán Rivas, quien no estando habilitado para ejercer la profesión y se fue al Jurado de Enjuiciamiento. Todo lo que él firmó en ese cargo, hoy están siendo atacado de nulo” y podría ocurrir los mismo con Camilo Benítez en caso de se reelecto, alertó.
Sus argumento no fueron tenidos en cuenta por el resto de sus colegas miembros de la Comisión. El senador liberocartista Dionisio Amarilla, por el contrario, pidió apurar la votación para la confirmación de la lista con Benítez incluido.
El líder de bancada de Honor Colorado en la Cámara Alta, Natalicio Chase pidió desestimar la moción de exclusión y el senador aliado cartista Ramón Retamozo (ANR) se sumó a la defensa del actual contralor y su inclusión en la nómina de aspirantes.
Como último intento, Líder Amarilla mocionó solicitar excluir a Benítez hasta tener un dictamen de Moreno Rufinelli, a ver si ratificaba su parecer jurídico, pero la mayoría descartó esta postura.
Ávalos Mariño mantiene su postulación pese a decisión del PLRA
A fin de no legitimar un proceso que claramente va encaminado a consumar un inédito copamiento total del Partido Colorado en la Contraloría, el directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) instruyó a sus correligionarios a retirar todas las candidaturas.
Sin embargo, el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA) desconoció esta recomendación, ya que su nombre sigue figurando entre los 36 aspirantes, en su caso únicamente para Contralor, donde tiene casi nulas chances de pelearle a Camilo Benítez.
También, mantiene su candidatura el actual subcontralor y aspirante el rekutú, Augusto Paiva (PLRA), cuyo cargo sería apetecido por otro colorado, lo que implicaría la consumación del copamiento, algo que no ocurrió desde la creación de la Contraloría tras la caida de la dictadura.
El principal candidato a quedarse con el cargo de Subcontralor es el colorado y actual director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, que al igual que Benítez están apalancado por un dictamen favorable a blanquear la fortuna del presidente de la República, Santiago Peña.
Ambos firmaron un examen de correspondencia que supuestamente no halló irregularidades en la repentina fortuna del Peña, gracias a que convenientemente no examinaron el periodo comprendido entre 2017 a 2023.
Tampoco aportaron explición razonable de cómo Peña logró construir una mansión en San Bernardino declarada por él mismo con valor de US$ 900.000, que lo levantó supuestamente con un préstamos, en una propiedad de la cual ni siquiera tenía el título.