El 15 de julio pasado, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), bajo la presidencia del ministro Jorge Bogarín González, consumó la adjudicación de G. 1.000 millones a favor de la Unicanal SA para la transmisión de publicidad oficial de las elecciones municipales de 2026.
La empresa, titular de los canales de televisión Unicanal y Trece, actualmente es integrante del Grupo Vázquez, liderado por Miguel Vázquez Villasanti.
En mayo, antes de la adjudicación, ya se había realizado un llamado, con ID 481041 en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), donde la empresa no compitió por “no presentar” una constancia de inscripción en el Registro Único del Contribuyente (RUC). Sin embargo, detalles posteriores revelan que la limitación habría ocurrido por otro asunto, obligando un llamado posterior a medida.
Ajuste del ratio de liquidez
El proceso licitatorio original contemplaba cuatro lotes para difusión publicitaria, de los cuales el Lote 3, destinado a los canales Trece y Unicanal, quedó desierto.
La versión oficial justificó la descalificación por la omisión de la constancia de inscripción en el RUC, pero los balances financieros de la firma presentaban un problema más complejo para cumplir con los pliegos.
Lea más: TSJE hace lugar a demanda para nulidad de “electos” directivos de la FPG
Para ejecutar el lote desierto, el TSJE convocó un segundo llamado de urgencia, con ID 489.345.
El 4 de junio pasado, durante la etapa de consultas, la firma representada por Javier René Bernardes Banti admitió por escrito que su promedio de liquidez corriente de los últimos tres ejercicios fiscales era de solo 0.44, un índice que no cumplía con la exigencia del pliego original que obligaba a tener un ratio de solvencia igual o superior a 1.
Concretamente, los balances oficiales de la empresa mostraron índices de 0.44 para el año 2022, de 0.46 para el ejercicio 2023 y de 0.43 para el periodo 2024.
Ante esta limitación insalvable, la Unidad Operativa de Contratación (UOC) del TSJE, coordinada por Angelo Calderini, emitió de inmediato la adenda número uno para rebajar drásticamente el requisito financiero a un mínimo de 0.40.
Esta oportuna modificación técnica de los pliegos salvó a la proveedora de la descalificación definitiva y allanó el camino para que el Comité de Evaluación del organismo, con visto bueno del director de prensa Olavo Heikel, declarara apta a la única oferente del concurso.
Lea más: Cuándo son las elecciones municipales 2026 en Paraguay
A la fecha, el TSJE ya adjudicó más de US$ 1 millón para pauta televisiva, radial y en prensa escrita.
Otra del grupo amigo
Unicanal SA opera las señales televisivas del Trece y Unicanal, adquiridas recientemente por el Grupo Vázquez a través de su firma V Media SA.
Este holding empresarial, liderado por Miguel Vázquez y Liz Raquel Vázquez registró un veloz crecimiento en el ámbito de la comunicación social desde el inicio de la administración del presidente Santiago Peña en agosto de 2023.
Además de televisión abierta y cable, V Media SA administra los diarios impresos La Tribuna y Crónica, además de las radioemisoras La Tribu AM 650, La Tribu Deport AM 1120 y Tropicalia FM.
El grupo también es propietario del Banco Ueno, entidad que durante este Gobierno accedió a millonarios recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).
Lea más: Filizzola denuncia concentración en Ueno Bank y exige al BCP investigar
A este esquema de adjudicaciones se suma el millonario flujo de publicidad estatal para la campaña “Somos paraguayos, Somos gigantes” durante el desarrollo del Mundial de Fútbol y ejecutada a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) utilizando fondos de la Itaipú Binacional.
Curiosamente, la campaña comenzó a correr pocos días antes de que se anunciara públicamente la compra de Canal 13 y Unicanal.
Admiten “flexibilización”
La UOC justificó ante el TSJE que la modificación se dio a efectos de “dar la mayor amplitud posible al procedimiento”.
En el documento admiten que los cambios “efectivamente constituyen una flexibilización de los requisitos” (sic) que posibilitaría que empresas con menor capacidad financiera puedan participar.
Intentando ampliar la versión oficial, contactamos con el ministro Bogarín, quien evitó responder sobre el asunto trasladando la pregunta al Director General de Administración y Finanzas. Daniel Echagüe, quien hasta el cierre de la edición no respondió a las llamadas.