La intendenta Mirtha Fernández de Valenzuela fue acusada formalmente por la fiscal Betti Brítez por el presunto daño patrimonial de G. 299 millones cometido durante su gestión 2021.
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La política liberal está en pleno juicio por una presunta tragada de G. 1.199 millones de su gestión 2019 y ahora podría volver a subir al banquillo de los acusados.
El Ministerio Público también acusó a las tesoreras municipales: Verónica Acosta Cantero y Gladys Fernández Flecha por lesión de confianza y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, por autorizar y firmar los pagos de las obras.
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Asimismo, los contratistas María Liz Fleitas y Oscar Rodas, propietarios de las empresas que supuestamente ejecutaron las obras, fueron acusados de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
Todos están vinculados a dos contratos de obras públicas: un enripiado en Cerro Corá Cañada y un empedrado en la compañía Juan Cancio Flecha, financiados con los recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), que según la fiscalía nunca fueron ejecutados, por lo cual se generó un presunto perjuicio patrimonial de G. 299.231.000.