Un fideicomiso inmobiliario compuesto por 14 inmuebles respalda el crédito de G. 62.000 millones (US$ 10 millones) otorgado originalmente el 27 de julio de 2023 por el Banco Nacional de Fomento (BNF) a la empresa Itti, del Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez.
El 9 de octubre de 2023, casi dos meses después de que Santiago Peña asumiera como presidente, el Área Comercial preparó un informe técnico en el cual dejó constancia de una advertencia de la División de Valuación de Bienes de la banca estatal sobre una de las propiedades, ubicada en el distrito de Limpio –perteneciente a Credicentro (Ueno Holding)– por el riesgo de desvalorización ante una eventual explotación de canteras en su interior. Pese a que en ese mismo documento se recordaba que el BNF mantenía el criterio de no aceptar inmuebles de tales características por antecedentes de depreciación, la banca estatal aprobó la modificación de las condiciones de la garantía el 11 de octubre de 2023, dos días después.
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En ese periodo, Peña figuraba como accionista de Credicentro, que luego se transformó en Ueno Holding SAECA.
Dos montos muy distintos
En ese expediente del crédito también aparecían dos valuaciones dispares: la División de Valuación de Bienes del BNF tasó el conjunto de los 14 inmuebles en G. 28.985 millones, mientras que el perito de la fiduciaria Finexpar SAECA (actual Zeta Banco) los estimó en G. 55.251 millones. Ante esta discrepancia, el Área Comercial del BNF propuso reducir el patrimonio autónomo exigido a G. 55.251 millones y acondicionar el segundo desembolso a un límite de G. 16.289 millones (el 70% de la tasación del banco público) hasta la incorporación de más inmuebles.
Lo cierto es que el 11 de octubre de 2023, el Directorio del BNF aprobó la propuesta y exoneró a la firma prestataria del pago de G. 62 millones en gastos administrativos. La modificación de la garantía respondió a que el valor de los activos presentados no alcanzaba el monto exigido originalmente en julio de 2023 para acceder a la totalidad del crédito, que requería constituir un fideicomiso por G. 88.572 millones.
El punto clave es que el análisis de la estructura de garantías revela que ninguna de las 14 propiedades distribuidas en Los Cedrales, Asunción, Santa Rosa del Monday, Altos, Liberación, Caazapá, Pedro Juan Caballero e Itacurubí del Rosario figura a nombre de Itti. Tres inmuebles pertenecen a Credicentro (Ueno Holding), uno a Electrolar, uno a Pasfin y nueve están a nombre de Ueno Bank (anteriormente Financiera Ueno y Financiera El Comercio).
Una casualidad es que el Senado aprobó el 9 de septiembre de este año y remitió el martes último al BCP una solicitud de información basada en un memorándum de la Gerencia de Supervisión del 10 de julio de 2026. El cuestionario indaga sobre operaciones precisamente entre empresas vinculadas al Grupo Vázquez y Ueno Bank.
A partir de este caso del BNF queda la interrogante: ¿cuál fue el acuerdo sobre los inmuebles que sirvieron a Itti de garantía? ¿Ueno Bank vendió a su empresa vinculada esos inmuebles? ¿Hubo trazabilidad? ¿Cómo aparecen en sus respectivos balances? Lastimosamente, desde el Grupo Vázquez y Ueno Bank no responden a ABC, mientras que el BNF se escuda en el secreto bancario.
Cuestionario contundente
El pedido del Senado se centra específicamente en otra operación que involucra a US$ 35 millones y G. 36.900 millones, orientada a regularizar excesos en los límites de crédito a empresas vinculadas al Grupo Vázquez SAE. El documento del Poder Legislativo requiere datos sobre el cumplimiento de los límites de exposición crediticia fijados en la Resolución Nº 3 (Acta Nº 25/2017) y cita a las firmas Mowi SA, Grupo M SA, Grupo Hendy SA, Tuiu SA, Franede SA y Aime SA Corredores de Seguros.
Conforme al artículo 6º de la Ley Nº 2334/2003 y la Ley General de Bancos, el exceso en los límites prudenciales por más de diez días consecutivos exige la presentación de un Plan de Regularización y la aplicación de medidas cautelares según el artículo 34 de la Ley Nº 6104/2018.
Por el tenor de las consultas del Senado se deduce que la intención es determinar si Ueno Bank realizó una venta de cartera morosa a la firma Vinanzas SA –vinculada al Grupo Vázquez– por más de US$ 35 millones y G. 36.900 millones. El cuestionario requiere precisar si los fondos desembolsados fueron transferidos el mismo día a favor de la empresa compradora y solicita los análisis de trazabilidad financiera realizados por el órgano de control.
Al rastrear el origen del dinero con el que Vinanzas SA adquirió la cartera, la supervisión del BCP identificó la emisión y colocación de bonos de empresas vinculadas al mismo grupo (Itti SAE y Grupo Vázquez SAE). Estos títulos fueron adquiridos por Technoma SA y Factopar SA, empresas también ligadas al conglomerado.
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El BCP deberá expedirse sobre si la transacción constituyó una venta al contado, tal como establecen las leyes con respecto a las vinculadas, con transferencia efectiva de riesgo, o si encuadra en la figura de financiación indirecta prohibida, contemplada en el artículo 7º de la Resolución Nº 15 (Acta Nº 24/2024 del BCP).