El titular de la empresa Itti, César Astigarraga, compareció este miércoles como el primer declarante ante la fiscala de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Ruth Benítez. La investigación penal se originó tras la denuncia de Banco Atlas SA por “Acceso Indebido a Sistemas Informáticos y otros”.
La relación entre ambas entidades se remonta al 5 de febrero de 2004, mediante un contrato entre Financiera Atlas SA (hoy Banco Atlas SA), IT Consultores Sociedad Civil y la firma Excelsis SAICG (hoy ITTI SAECA y actualmente parte del grupo de empresas del Grupo Vázquez SAE) de licencia de uso e implementación del software “IT Gestión Financiera” (ITGF). Este sistema opera como el Core bancario de la entidad, sosteniendo sus operaciones cotidianas, como banca web, aplicaciones móviles, transacciones de caja, tarjetas de crédito, transferencias interbancarias y reportes regulatorios.
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De la revisión a la amenaza de bloqueo
El propio relato de la Fiscalía revela que todo se remonta al 21 de octubre de 2024, cuando Astigarraga envió una nota formal solicitando revisar el cumplimiento de las condiciones de uso de ITGF, actualmente a cargo de los exsocios comerciales del presidente Santiago Peña. Entre octubre de 2024 y febrero de 2025 se celebraron al menos cinco reuniones destinadas a coordinar los controles de licencias.
La promesa inicial por parte de Itti indicaba un proceso no intrusivo, orientado a optimizar la seguridad y sin alteración de programas ni datos.
Sin embargo, las pericias técnicas realizadas por el mismo Ministerio Público revelaron un escenario distinto. El controlador de licencias entregado por Itti a través de Google Drive no solo registraba los usuarios conectados, sino que presuntamente contenía una instrucción programada para ejecutarse el 28 de febrero de 2025 a las 23:00. Dicha orden preveía el cierre masivo de los módulos del Core bancario (sistema informático central) e inhabilitaba tablas críticas de transacciones (GE_MOVIMIENTOS, AH_CTA_VISTAS, CC_CTA_CORRIENTE).
Además, los peritos detectaron que cuatro de los siete componentes del controlador presentaban código fuente ofuscado (de dificil entendimiento para terceros) para ocultar su alcance, sumado a instrucciones incompatibles con los formularios de pase a producción (documento mediante el cual un proveedor informa formalmente a su cliente qué componente será instalado en un sistema productivo). Una simulación de cierre mensual confirmó que la herramienta provocaba la suspensión de procesos e interrupciones graves en el sistema.
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Exigencias e intervención del BCP
Según detalló el abogado de Banco Atlas, Felino Amarilla, dos días antes de la fecha programada para el bloqueo —y luego de que la entidad notara irregularidades en el controlador—, el presidente de Itti remitió una propuesta comercial: US$ 70 por cada cliente a cambio de una licencia perpetua y exclusiva en Paraguay. Con el proceso de fusión entre los bancos Atlas y Familiar en marcha, la cartera proyectada ascendía a 1.400.000 clientes, lo que elevaba la exigencia económica a US$ 98 millones, comentó.
El 28 de febrero de 2025, mismo día estipulado (a través de los controladores con códigos parcialmente ocultos) para la paralización del sistema, Itti comunicó al Banco Central del Paraguay (BCP) el retiro de la licencia del software ITGF a Atlas. Esta entidad no fue comunicada ni sabía de ese pedido de la empresa Itti.
El 4 de marzo de 2025 se realizó una reunión entre Itti y Atlas para conocer exactamente el reclamo, pero la firma proveedora no supo explicar. Dos días después (6 de marzo de 2025), César Astigarraga envió una nueva nota con cuatro alternativas de acuerdo. La primera era la cesión total y definitiva de derechos de autor por US$ 70 + IVA por cliente; la segunda era licencia perpetua con acceso a código fuente y obras derivadas por US$ 50 + IVA por cliente; la tercera era licencia trienal con acceso a fuente por US$ 22 + IVA por cliente y la cuarta, licencia perpetua sin acceso a fuente por US$ 18 + IVA por cliente.
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En esa misma jornada, coincidentemente, el BCP notificó de manera oficial a Banco Atlas sobre la cancelación de la licencia formalizada por la firma proveedora. La banca matriz está presidida por Carlos Carvallo, extitular de la otrora Financiera Ueno (Ueno Bank), también parte del Grupo Vázquez SAE.
Amarilla señaló que el 11 de marzo de 2025, Banco Atlas tuvo que recurrir a la Justicia para conseguir una medida cautelar de prohibición de innovar para mantener su operatividad con su core bancario.
Casualmente, tras detectarse el presunto sabotaje y no caer a las pretenciones de la empresa proveedora se impulsó una campaña de desprestigio contra el Banco Atlas, agregó el abogado Felino Amarilla.