Óscar Darío Rojas representado por la abogada Cecilia Pérez pidió al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, que durante la convocatoria al titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, que se realiza en estos momentos, se consulte sobre la inclusión de un pagaré cuestionado judicialmente en una operación de venta de cartera de créditos entre Ueno Bank y Vinanzas S.A.
En una nota fechada hoy, Rojas solicitó que la Mesa Directiva formule seis preguntas sobre el conocimiento que tenía el organismo regulador de la operación, los controles aplicados y las medidas previstas ante la eventual transferencia de un documento cuyas firmas fueron declaradas falsas por el Laboratorio Forense del Ministerio Público.
El afectado también pidió que se promueva una investigación preliminar sobre las demoras en el proceso ejecutivo y en las causas penales relacionadas con el caso.
¿Qué pasó con el pagaré de G. 2.021 millones?
Según el escrito, el 26 de junio de 2023, la entonces Financiera Veno S.A.E.C.A., hoy Ueno Bank S.A., promovió una acción ejecutiva contra la Concertación Frente Guasu, Carlos Filizzola Pallarés, Aida Maximina Robles de Di Benedetto y Óscar Darío Rojas, para reclamar el pago de un pagaré de G. 2.021.219.253, fechado el 22 de febrero de 2022.
Los demandados negaron haber solicitado el crédito, firmado los documentos o recibido el dinero. Por ese motivo, opusieron una excepción de falsedad de título.
Rojas señala que, tras las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, se ordenó una pericia caligráfica sobre cuatro documentos vinculados con la operación: el pagaré, la solicitud de crédito, la liquidación del préstamo y la hoja de certificación notarial de firmas.
De acuerdo con su presentación, el Laboratorio Forense concluyó que la totalidad de las firmas atribuidas a los demandados en esos documentos eran falsas.
¿Ueno Bank vendió el pagaré a una empresa de su grupo?
Uno de los principales cuestionamientos de Rojas es que el pagaré habría sido incluido en una venta de cartera de créditos de Ueno Bank a Vinanzas S.A., firma que, según el escrito, pertenece al mismo grupo económico.
El afectado sostiene que los demandados no fueron notificados de la cesión y que tampoco se comunicó la operación a la Fiscalía interviniente ni al juzgado civil que tramita la ejecución.
La presentación vincula esta operación con las consultas realizadas por el Senado mediante la Resolución P.I. N.º 134, del 9 de setiembre de 2026, sobre una transacción por US$ 35 millones y G. 36.900 millones.
Rojas invoca el artículo 10 del Reglamento de Operaciones de Venta de Cartera de Créditos del BCP, que —según su interpretación— obliga a notificar al deudor cedido dentro de los diez días hábiles, bajo pena de nulidad.
También cita el artículo 5, inciso f), del mismo reglamento, que contempla la devolución de una cartera cuando se detecta fraude en la concesión de una operación, con comunicación de los motivos a la Superintendencia de Bancos.
Las seis preguntas que piden formular a Carlos Carvallo
Rojas solicita que el titular del BCP responda sobre seis puntos concretos:
- Conocimiento de la operación: si el Banco Central sabía que la cartera vendida a Vinanzas incluía el pagaré de G. 2.021 millones cuyas firmas fueron declaradas falsas por una pericia oficial.
- Controles de la Superintendencia: si se verificó que la cartera no incluyera documentos cuestionados en procesos penales y si Ueno Bank informó sobre esa circunstancia.
- Notificación a los deudores: si se cumplió con la comunicación exigida por el reglamento y qué consecuencias tendría su eventual omisión.
- Devolución de la cartera: por qué no se habría aplicado el mecanismo previsto para los casos de fraude detectado en la concesión de créditos.
- Alcance del sumario administrativo: si la investigación del BCP contempla la inclusión de documentos presuntamente falsificados o si se limita a examinar una posible financiación indirecta.
- Medidas correctivas: qué acciones adoptará el organismo para evitar que un documento declarado falso mediante una pericia oficial continúe computándose como un activo válido en el sistema financiero.
Denuncian demoras en la causa judicial
Además de las consultas al titular del BCP, Rojas solicitó que se encamine a los representantes del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) un pedido para promover una investigación preliminar sobre las demoras en el juicio ejecutivo y en las causas penales N.º 1386/2024 y N.º 1581/2024.
Según el escrito, las investigaciones quedaron a cargo de la fiscala Soledad González, de la Unidad Penal N.º 1 de la Fiscalía Barrial N.º 3 de la Capital. Rojas cuestiona que, pese al resultado de la pericia caligráfica, no se haya adoptado una resolución que ponga fin a la situación denunciada.
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El afectado afirma que los embargos sobre sus bienes continúan vigentes y que los demandados figuran con calificación negativa en los registros crediticios.
La presentación fue acompañada, según Rojas, por el dictamen pericial del Ministerio Público, una denuncia de hechos nuevos y antecedentes de las denuncias formuladas ante la Superintendencia de Bancos.