Varela sostiene que “el Gobierno perdió su mayoría en el Senado” tras crisis en la ANR

El senador disidente Mario Varela sostuvo que la ruptura en Honor Colorado reconfiguró el mapa político del Partido Colorado. Afirmó que la bancada oficialista ya no tiene votos cautivos y que el BCP debe asumir su responsabilidad tras el caso Ueno Bank.

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El senador colorado disidente Mario Varela se pronunció sobre el quiebre oficializado en Honor Colorado tras el retiro del respaldo de Horacio Cartes a la precandidatura de Pedro Alliana para el 2028 y la sorpresiva cumbre entre el titular partidario y el expresidente Mario Abdo Benítez.

Varela sostuvo que la bancada del Gobierno de Santiago Peña perdió la “mayoría dura y cautiva” que mantenía en la Cámara Alta, por lo que el mapa de alianzas parlamentarias atravesará una profunda reconfiguración en las próximas horas y días.

Según el parlamentario, la ruptura dentro del movimiento hegemónico no responde a un hecho aislado ni a un mero arrebato del momento. Varela recordó que los roces vienen acumulándose desde hace tiempo, citando reclamos públicos vertidos por Cartes durante el aniversario del partido el pasado 11 de septiembre, sumados al desgaste en ministerios claves como Salud y, muy especialmente, el escándalo desatado por los pedidos de informes al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre las operaciones de Ueno Bank.

Para el legislador, la confirmación de Alliana de que no bajará su postulación y buscará competir desde otro espacio ratifica que la división es un hecho consumado en las filas republicanas.

El BCP tiene el deber constitucional de rendir cuentas claras

Al abordar la controversia que salpica al Banco Central y al sistema financiero, Varela remarcó que el Congreso debe actuar con absoluta responsabilidad y objetividad. Sostuvo que hay que evitar caer en especulaciones o declaraciones ligeras que puedan alterar la estabilidad económica del país.

El parlamentario indicó que la bancada se encuentra analizando el alcance de las respuestas enviadas por la banca matriz y cuestionó que se hayan dejado preguntas sin contestar escudándose en el secreto bancario. En ese sentido, apuntó que la prioridad absoluta debe ser garantizar el resguardo de los fondos públicos depositados en entidades sumariadas.

Varela enfatizó que el BCP tiene el deber constitucional de rendir cuentas claras tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso Nacional. Si las auditorías confirman que la Superintendencia de Bancos o la cúpula de la entidad cometieron negligencias o impericias en el proceso de fiscalización, el presidente de la República tiene la obligación de tomar cartas en el asunto y exigir las responsabilidades correspondientes, según Varela.

Asimismo, aclaró que dentro de la disidencia no se planteó ninguna iniciativa impulsada hacia un juicio político al Ejecutivo. Señaló además que la reunión entre Cartes y Abdo Benítez tampoco se abordó semejante escenario.

Sanción de EE. UU. es persecusión política, según Varela

Durante su análisis, el senador reflexiono sobre la figura de las designaciones internacionales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra referentes políticos locales, calificándolas de sanciones políticas unilaterales y arbitrarias en el marco del derecho internacional.

Varela recordó que desde hace dos años sostiene que toda pena debe respetar el principio universal del debido proceso y la oportunidad de la legítima defensa, mecanismo que no existió en el señalamiento a Horacio Cartes ni en el proceso que enfrenta el exvicepresidente Hugo Velázquez, quien integra el equipo de la disidencia y busca levantar dicha calificación por los agravios públicos causados.

Finalmente, el referente de la disidencia reiteró que el oficialismo ya no puede vanagloriarse de dominar la Cámara Alta. A partir de este nuevo escenario, la posición de cada legislador quedará al descubierto entre quienes se definan como “peñistas” o alineados estrictamente al cartismo o a la oposición.

Varela concluyó que la dinámica del Congreso dependerá del reacomodamiento del tablero, donde la aprobación de proyectos de ley, acuerdos constitucionales y el presupuesto nacional requerirán de un diálogo político genuino y ya no de votos automáticos dictados desde una cúpula.