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10 de noviembre de 2026
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Senadores amplían denuncia contra esposa, hijos y familiares de Peña

Santiago Peña sonríe en el centro, acompañado de familia vestida formalmente, en un evento con ambiente festivo.
Los familiares de Santiago Peña que presentaron amparo para impedir que el Ministerio de Economía y Finanzas entregue información sobre ellos. Aparecen el propio Peña, su esposa Leticia Ocampos, su hijo Gonzalo Peña, su nuera Serenella Argaña, sus hermanos Manuel y Francisco, su cuñada Adriana Ocampos, sus concuñadas Verónica Gómez Abente y Rocío Caballero Bosch, sus suegros Carlos Antonio Ocampos Zelada y María Teresa Villate Garcete y sus padres Ana María Palacios de Peña, José Cayetano Peña Nieto .

Por presunta frustración de la persecución penal, legisladores opositores pidieron a la Fiscalía ampliar la denuncia contra la esposa de Santiago Peña, Leticia Ocampos, además de familiares directos y políticos que habrían promovido una acción judicial para frenar el acceso a documentación clave.

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Los senadores Yolanda Paredes, Lucía Mendoza y Faisal Huespe, todos del Partido Cruzada Nacional, presentaron una petición formal ante la Fiscalía de Delitos Económicos para ampliar la denuncia penal en la causa 92/2026, el caso Ueno-Peña.

La acción apunta contra Leticia Ocampos de Peña, familiares directos y allegados políticos del expresidente de la República Santiago Peña, por la presunta comisión de hechos punibles de frustración de la persecución penal y otros delitos conexos, en el marco de la investigación sobre las operaciones financieras de Ueno Bank SA, el Grupo Vázquez y Ueno Holding.

El juez Diego Alejandro Torres Sandoval.
El juez Diego Alejandro Torres Sandoval. Foto: Asociación de Magistrados Judiciales.

En noviembre de 2025, el juez Diego Alejandro Torres había hecho lugar a un pedido de amparo constitucional presentado por estos familiares y allegados de Peña con el objetivo de impedir que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregue “documentos de carácter reservado de propiedad” de los mismos.

El pedido formal de ampliación de denuncia alcanza a los siguientes integrantes del entorno familiar y político:

  • Leticia Ocampos, ex primera dama y esposa de Santiago Peña.
  • Carlos Antonio Ocampos Zelada, padre de la ex primera dama.
  • María Teresa Villate Garcete, madre de la ex primera dama.
  • Carlos Ocampos Villate, hermano de la ex primera dama.
  • Adriana Ocampos Villate, hermana de la ex primera dama.
  • Ana Palacios de Peña, madre de Santiago Peña.
  • José Cayetano Peña Nieto, padre de Santiago Peña.
  • Gonzalo Peña Ocampos, hijo de Santiago Peña.
  • Serenella Argaña Scavone, nuera de Santiago Peña.
  • Manuel Peña Palacios, hermano de Santiago Peña.
  • Francisco Peña Palacios, hermano de Santiago Peña.
  • Claudia Gómez Abente, cuñada de Santiago Peña, esposa de Manuel Peña.
  • Rocío Caballero Bosch, cuñada de Santiago Peña, casada con Francisco “Panchi” Peña.

En el petitorio, los legisladores urgen ampliar la investigación sobre estas personas, registrar correos, preservar documentos y prohibirles la salida del país o los movimientos financieros.

¿Cuáles son los vínculos empresariales del expresidente investigados por los legisladores?

Los parlamentarios señalaron que Peña integró la estructura accionaria del grupo empresarial al que pertenecía Ueno Bank hasta marzo de 2025. Esta circunstancia otorga particular relevancia a la identificación de los vínculos societarios y patrimoniales de su entorno familiar, especialmente durante el período en que se desarrollaron las operaciones financieras cuestionadas y se captaron importantes volúmenes de recursos provenientes de instituciones públicas y previsionales.

Yolanda Paredes, Lucía Mendoza y Faisal Huespe, senadores de Patria Querida.
Yolanda Paredes, Lucía Mendoza y Faisal Huespe, senadores de Cruzada Nacional.

¿Por qué los senadores critican el uso de acciones judiciales para frenar documentos?

Los legisladores recalcan que la investigación sobre Ueno Bank SA, el Grupo Vázquez y Ueno Holding no puede limitarse exclusivamente a las decisiones adoptadas por los integrantes de su Directorio o por las autoridades de los organismos públicos que intervinieron en la colocación de fondos estatales.

Asimismo, subrayaron que la información requerida al Ministerio de Economía y Finanzas revestía una importancia crítica, ya que permitía identificar con precisión las vinculaciones empresariales de los familiares del entonces mandatario, quienes promovieron una acción judicial que terminó restringiendo la entrega de dicha documentación oficial.

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