La senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana, advirtió que miles de jóvenes podrían quedar excluidos de las elecciones generales de 2028 debido a las dificultades para actualizar sus domicilios en el Registro Cívico Permanente. Cuestionó que el plazo establecido por la Justicia Electoral venza el próximo 30 de diciembre y pidió medidas para garantizar el derecho al voto.
Según la Justicia Electoral cerca de 87.000 jóvenes con inscripción automática tienen la posibilidad de confirmar sus domicilios en el sistema electoral.
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Ante este escenario, Martínez propuso que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) coordine con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el uso del Registro Único del Estudiante (RUE), de manera que los domicilios puedan actualizarse automáticamente.
También planteó que el Departamento de Identificaciones exija la consignación del domicilio al momento de tramitar la cédula de identidad.
Esperanza Martínez pide ampliar el plazo para actualizar el padrón
La senadora anunció que propondrá a la Mesa de Unidad de la Oposición solicitar formalmente al TSJE un nuevo corte del padrón electoral en junio de 2027.
La iniciativa estaría acompañada de una campaña masiva de inscripción y actualización de datos en todo el país, con especial atención a los jóvenes y a los paraguayos residentes en el exterior.
Martínez considera que no basta con desarrollar campañas informativas si no se adoptan mecanismos que faciliten efectivamente la incorporación y actualización de los electores. “Desde la oposición debemos luchar para que ningún ciudadano quede excluido de ejercer su derecho al voto”, sostuvo.
¿Por qué 87.000 jóvenes deben actualizar sus domicilios?
El director de Procesos Electorales del TSJE, Carlos María Ljubetic, había informado que aproximadamente 87.000 jóvenes en todo el país no cuentan con datos de domicilio confirmados en el sistema electoral.
La campaña de actualización comenzó el 2 de noviembre y contempla visitas a colegios, universidades y lugares de alta concurrencia. El plazo vence impostergablemente el 30 de diciembre de 2026, según el calendario establecido por la Justicia Electoral.
El problema se origina en que la inscripción automática incorpora a los ciudadanos al registro electoral, pero no garantiza que tengan declarado un domicilio que permita asignarles un local de votación cercano. “La Justicia Electoral no puede adivinar el domicilio de la gente”, había señalado Ljubetic.
