aumentos de salarios

Personal de blanco del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), aglutinado en una coordinadora multisectorial, se manifestó este lunes frente a Mburuvicha Róga para reclamar el proceder que está teniendo el Poder Ejecutivo con respecto a una promesa de aumento que ellos tenían desde el año pasado. Ahora, los someterán a un concurso para establecer piso salarial. Algunos solo cobrarán G. 34.000 de aumento.

Como era previsible, la suba salarial en beneficio del Presidente y del vicepresidente de la República, así como de los ministros y viceministros del Poder Ejecutivo, incluido en el proyecto de ley sobre el Presupuesto nacional presentado por el nuevo Gobierno, ya ha generado unos cuantos pedidos similares de otras entidades públicas. Es así que la Corte Suprema de Justicia solicitó que el sueldo de sus miembros y demás integrantes del Poder Judicial tengan también importantes aumentos. Puede decirse que la conocida morosidad y el prevaricato en favor de los poderes políticos y económicos no responden necesariamente a los bajos sueldos o a la infraestructura inadecuada, sino más bien a la ausencia de la fortaleza moral requerida para impartir justicia, aunque exista todo un Código de Ética Judicial.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, justificó el aumento de salario del presidente de la República, el vicepresidente, los ministros y viceministros. Argumentó que existía un gran desequilibrio en el presupuesto, pues había directores que estaban ganando más que el propio mandatario. Añadió que el salario del Ejecutivo estaba desfasado desde hace por lo menos seis años.

El Poder Legislativo tiene el privilegio, por así decirlo, de conceder aumentos salariales a sus funcionarios y contratados. Siempre que su decisión no sea vetada por el Ejecutivo, el personal favorecido acrecerá sus ingresos a expensas de los contribuyentes y del equilibrio presupuestario, sin que sus servicios beneficien en muchos casos a la población. La calidad de su “trabajo” solo es juzgada por los parlamentarios, que cuentan con unos “cupos” para incorporar a la clientela respectiva, al margen de la Ley de la Función Pública. En la práctica, no todos necesitan asistir al Palacio Legislativo, aunque lo mismo cobran a fin de mes, pero los que sí concurren bastan para atiborrar los pasillos, pues son nada menos que 2.758 los allí ubicados, lo que equivale a 22 por cada congresista. En su enorme mayoría, han sido contratados sin que hubiera una “necesidad temporal de excepcional importancia para la comunidad” o nombrados sin un previo concurso de oposición, como exige la ley violada en toda la administración pública.

Cinco exfuncionarios municipales fueron condenados, la semana pasada, por un caso de robo de combustibles de la Comuna, ocurrido en el año 2019. Es sin dudas un paso importante en la lucha contra los delitos en las instituciones del Estado, un despreciable vicio que se convirtió literalmente en un deporte nacional, debido a la impunidad que usualmente corona los delitos contra el patrimonio público.