bonificaciones

La Contraloría General de la República (CGR) aplazó a la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), tras verificar que la institución NO CUMPLIÓ 25 de las 28 observaciones realizadas tras una auditoría entre 2022 y 2023. Hasta febrero pasado, el 92% de los funcionarios cobraron un “plus” a pesar de que el ente destina solo el 2% de recursos para actividades misionales.

Los decretos reglamentarios del PGN -hasta el ejercicio 2024- impedían explícitamente que ministros y altos funcionarios con sueldos o dietas equivalentes o superiores percibieran gratificaciones bajo concepto alguno. Sin embargo, para el 2025, el Ejecutivo borró esta restricción, habilitando el desembolso y dejando cada vez más sin sustento la defensa del titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, sobre la supuesta legalidad de sus cobros entre marzo de 2025 y febrero de este año.

En vez de precautelar el buen uso del dinero de sus representados, los legisladores paraguayos se dedican a malgastarlo en beneficio propio, de sus parientes y de sus clientelas políticas. El Poder Legislativo se ha vuelto una máquina para exprimir a los contribuyentes, a costa de la salud y de la educación públicas, entre otros servicios plagados de carencias. El interés particular de sus bien remunerados miembros prima sobre el general, aunque traten de ocultarlo –en vano– mediante los habituales discursos demagógicos. Las nuevas revelaciones en torno a la ley presupuestaria vigente son un ejemplo más del empleo discrecional de fondos públicos en perjuicio de la población. La austeridad es necesaria, no solo durante una “economía de guerra”, como la que existiría hoy, porque el dinero de los contribuyentes se malversa y se derrocha a manos llenas. La “clase política”, por así llamarla, está convencida de que quienes ejercen una función pública pueden disponer del dinero de todos a su arbitrio. Y bien, el fisco no es –no debe ser– un botín que cae en manos de los vencedores de unas elecciones.

Diputados de la oposición insistieron en que la ciudadanía hace rato está en la declarada “Economía de guerra” y los únicos que “perdieron la brújula” y no se alistaron son los del gobierno de Santiago Peña. Remarcan que se debe eliminar la corrupción, de lo contrario no hay recortes de bonificaciones ni nada que aguante.

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, benefició a su entorno con bonificaciones que superaron el 50% de sus salarios en 2025. La maniobra fue posible tras una “autoexcepción” legal liderada por el legislador cartista, que permitió al Senado eludir los topes de la Función Pública y repartir gratificaciones mediante reglamentos internos, sin control alguno.