27 de febrero de 2026
En Paraguay, gran parte de la normativa de Derecho Público, en vez de respetar y proteger el bien común y promover la justicia social, como exige la Constitución Nacional (CN), en la gestión política de la ANR y de sus secuaces seudoopositores, se constata que ellos se empeñan en mantener e imponer la arbitrariedad, la injusticia y el interés privado de los funcionarios públicos, ignorando y violando la Carta Magna.

La Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay emitió hoy un comunicado en el que advirtió que el encuentro secreto de ministros de la Corte con el presidente Santiago Peña y supuestamente Horacio Cartes, vulnera la independencia de poderes consagrada en la Constitución. “La vigencia efectiva de la Constitución exige conductas responsables, institucionales y respetuosas del orden jurídico”, sentenció

En el 2023 el Poder Ejecutivo, a cargo del entonces presidente Mario Abdo Benítez (ANR), presentó un proyecto de ley al Senado, donde también planteaba reglamentar el artículo 189 de la Constitución Nacional sobre la senaduría vitalicia para expresidentes.
Desde hace tiempo era “secreto a voces” que la bancada de Honor Colorado junto con los liberocartistas, tránsfugas y aliados obedecían un mismo libreto, lo cual hace unos días quedó confirmado con las expresiones públicas del senador Carlos Núñez (ANR, ?), quien recientemente decidió “saltar del barco” y formar un “bloque colorado”. En entrevista con ABC, el citado senador mencionó indignado: “ya no vamos a estar levantando la mano y cumpliendo órdenes del Ejecutivo” y aseguró que para el mes de marzo podrían llegar a ser nueve los senadores que abandonarían el cartismo. Pareciera que el artículo 201 de la Constitución Nacional es poco menos que letra muerta en un papel olvidado, ya que expresa con claridad la prohibición de los mandatos imperativos para los senadores y diputados.
En la lista de anecdóticos sucesos políticos de los últimos tiempos, un común denominador resuena en esos discursos, decisiones, actos administrativos, judiciales o legislativos contrarios a los principios democráticos que enarbola la Constitución, y se resume en la siguiente frase: “Y a mí, qué”. Es la muestra palpable del desprecio a las leyes, al bien común, a la transparencia y la rendición de cuentas en una sociedad democrática, a la supremacía de la Constitución y a la seguridad jurídica. El ejemplo más reciente es la resolución del intendente de Caapucú Gustavo Penayo (ANR – cartista) en la cual prohibió actividades alusivas a Halloween en entornos públicos y privados, alegando que las mismas son contrarias a los valores religiosos. Si las autoridades de Caapucú creen que pueden pisotear nuestra Carta Magna a sabiendas, y aún así continúan en su propósito, ¿de que serán capaces en las próximas elecciones municipales?