Constitución Nacional

Desde hace tiempo era “secreto a voces” que la bancada de Honor Colorado junto con los liberocartistas, tránsfugas y aliados obedecían un mismo libreto, lo cual hace unos días quedó confirmado con las expresiones públicas del senador Carlos Núñez (ANR, ?), quien recientemente decidió “saltar del barco” y formar un “bloque colorado”. En entrevista con ABC, el citado senador mencionó indignado: “ya no vamos a estar levantando la mano y cumpliendo órdenes del Ejecutivo” y aseguró que para el mes de marzo podrían llegar a ser nueve los senadores que abandonarían el cartismo. Pareciera que el artículo 201 de la Constitución Nacional es poco menos que letra muerta en un papel olvidado, ya que expresa con claridad la prohibición de los mandatos imperativos para los senadores y diputados.

En la lista de anecdóticos sucesos políticos de los últimos tiempos, un común denominador resuena en esos discursos, decisiones, actos administrativos, judiciales o legislativos contrarios a los principios democráticos que enarbola la Constitución, y se resume en la siguiente frase: “Y a mí, qué”. Es la muestra palpable del desprecio a las leyes, al bien común, a la transparencia y la rendición de cuentas en una sociedad democrática, a la supremacía de la Constitución y a la seguridad jurídica. El ejemplo más reciente es la resolución del intendente de Caapucú Gustavo Penayo (ANR – cartista) en la cual prohibió actividades alusivas a Halloween en entornos públicos y privados, alegando que las mismas son contrarias a los valores religiosos. Si las autoridades de Caapucú creen que pueden pisotear nuestra Carta Magna a sabiendas, y aún así continúan en su propósito, ¿de que serán capaces en las próximas elecciones municipales?

Organizaciones “no gubernamentales” (ong) globalistas están influenciando la realización de cierres de rutas por personas descriptas como “originarias”, pisoteando impunemente el derecho establecido por el Artículo 41 de nuestra Constitución que dice “Los habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional”.

El juez Rolando Duarte dejó en claro que esto se debe interpretar en base a lo que dice la Constitución Nacional, que dispone que los padres están a cargo de la salud integral del niño. Si los niños no reciben las vacunas obligatorias y sufren alguna enfermedad, se podría generar una responsabilidad penal. Además, indicó que no se puede alegrar cuestiones religiosas.

La muerte de una adolescente de 13 años luego de un parto tras un embarazo producto de un hecho de abuso despierta de nuevo el debate sobre la legalización del aborto en menores víctimas de violencia sexual. La diputada Rocío Vallejo expuso lo que dicen las leyes de Paraguay sobre el tema.