El paulatino copamiento de las instituciones por parte del cartismo, empezando por el Congreso y continuando con la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, así como la arbitraria privación de la investidura de una senadora opositora y el ruin empleo del Ministerio Público para una venganza política y un implícito ataque a la prensa libre, son signos elocuentes de que está en marcha un proyecto político que conlleva una seria amenaza para las libertades públicas. Todo indica que no lo promueve el presidente Santiago Peña, quien aparenta un segundón que apenas cuenta en el escenario nacional, sino el opulento empresario Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado, en el Gobierno, quien desde allí parece ejercer de hecho el Poder Ejecutivo y pretender seguir ampliando su poder político. Debido a la resistencia ciudadana, que le costó la vida a un joven dirigente liberal, ya fracasó en 2017 al buscar la reelección presidencial, violando la ley suprema.