criminalidad

El secuestro del sudafricano Daniel Christiaan Bruewer Coetzee ocurrido en Independencia, Guairá, tuvo el peor final, con el hallazgo del cuerpo sin vida del mismo. Este tipo de crimen –independientemente de los que suelen ocurrir con fines político-ideológicos– no se ha venido produciendo desde hace décadas en nuestro país, por lo que puede pensarse que el espectro delictivo se está expandiendo de manera alarmante. En un Estado de derecho, el orden público no es incompatible con la libertad; la seguridad interna no es sinónimo de dictadura. Urge depurar la PN, para que sus miembros estén sujetos a los mandatos de la ley, de modo que no se les ocurra colaborar con el hampa. Y que los fiscales y jueces apliquen las normas legales en beneficio de los ciudadanos y no de los delincuentes.

MIAMI. Las víctimas de violencia sexual en Florida cuentan con una nueva herramienta en línea para saber con exactitud lo que pasa con las muestras genéticas tomadas como evidencia en el momento de la denuncia y la marcha del proceso de comparación en bancos de datos para dar con sus agresores.

Tras una serie de crímenes que mantuvieron en zozobra a la ciudadanía luqueña, la Comandancia de la Policía dispuso el cambió del jefe y subjefe de la comisaría 3ª, la principal de la ciudad. Igualmente, el jefe del departamento Investigaciones de Central fue relevado del cargo.

SALTO DEL GUAIRÁ. La ola de atentados perpetrados por sicarios va en aumento en los últimos días en el departamento de Canindeyú, alentados por la impunidad de la que gozan los autores ante el debilitamiento de los organismos del Estado. En menos de 15 días se reportaron 3 crímenes y un feminicidio en la región. El negocio de las drogas y la presencia de criminales extranjeros en la zona serían los factores que propician este aumento.

La segunda imputación contra el exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González Alegre (ANR HC), y otras 48 personas dejó al desnudo las groseras maniobras que realizaba el esquema delictivo creado desde la institución para desviar el dinero público que debió ser destinado a salud, educación y comunidades vulnerables.