25 de julio de 2026
derroche
El IPS es como un autoservicio solventado por los aportantes
Desde hace largos años, el Instituto de Previsión Social (IPS) está signado por la corrupción, el derroche y la ineptitud, razones por las que los asegurados y sus familiares sufren penurias sin cuento. Los sucesivos Gobiernos no pueden o no quieren sanearlo. En realidad, deberían intentar al menos reanimarlo, dado que ya parecería un “cadáver”, tal como lo calificó su exgerente Carlos Morínigo, poco antes de ser destituido con ignominia el año pasado. En la putrefacta entidad, cuyo Consejo de Administración está presidido por Jorge Magno Brítez, se descubrió en 2024 que se había llegado incluso a vender cargos a miles de incautos, razón por la cual serán juzgados veinte presuntos estafadores, en su gran mayoría exfuncionarios del IPS. En verdad, se trata de un caso excepcional, pues no abundan las pesquisas tan siquiera abiertas por las diversas fechorías cometidas tradicionalmente.
Nenecho sale marcado por derroches y una administración poco transparente
El imputado intendente asunceno Óscar Rodríguez (ANR) está a días de renunciar para buscar el rekutú y deja una administración municipal marcada por la falta de transparencia y los derroches. Hizo contratos “oscuros”, aumentos salariales, endeudamiento y acuerdos millonarios.
Mientras el pueblo sufre, diputados vuelven a derrochar privilegios con tarjetas de combustible
Mientras la gente está desesperada por sus familiares internados en terapia intensiva, ingeniándose para comprar costosos fármacos, además de la preocupación de poner el pan en la mesa en la crisis más dura para nuestro país y el mundo, los 80 diputados volvieron a beneficiarse con tarjetas de combustible con saldo de G. 3.500.000. La “inversión”, para beneficiar a los legisladores con carburante gratuito, es de G. 280.000.000.
Ni en la pandemia la Corte renuncia a su seguro “vip” de G. 318.000 millones
A contramano de la austeridad que practica toda la ciudadanía a consecuencia de la crisis que acarrea el coronavirus, la Corte Suprema de Justicia llamó a licitación para contratar seguro privado médico para sus funcionarios a un costo de más de G. 318.000 millones, a fin de garantizarse un trato “vip” a costa del contribuyente.
