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Como cierre de año, el grupo de escrachadores y el denominado “Fuera, corruptos” se autoconvocaron y se hicieron sentir. Entre las expresiones de repudio a los imputados aparecen carteles donde se le exige al gobernador cartista que renuncie y devuelva la plata. Insisten en que la Fiscalía haga bien su trabajo y solicite cárcel para Hugo Javier González.
Otro pasacalles solicita la renuncia de la fiscala general Sandra Quiñónez y expresa que González es el más ladrón de la pandemia. También aparecen imágenes del presidente de la República, Mario Abdo, del expresidente Horacio Cartes y de Quiñónez, considerados “ratas”, y en especial el mandatario, al que los escrachadores tildan de “ángel de la muerte”.
En contacto con ABC TV, Aidé Vera, vocera de la protesta, detalló que la rabia de la ciudadanía es debido a que el condenado Ramón González Daher sigue “apretando” a sus víctimas, por lo que es urgente que ya esté en la cárcel y no siga más en su casa. Hizo referencia a los nuevos allanamientos por el caso de robo de cheques cuyo responsabilidad sería de RGD.
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El pedido unánime de los ciudadanos es que el Poder Judicial también cumpla su labor como se debe en el 2022. Vera refirió que incluso organismos internacionales se pronunciaron diciendo que la justicia paraguaya tiene sus falencias. En contrapartida, felicitan los resultados en las condenas tanto al extinto Óscar González Daher y su hijo como a RGD e hijo y al exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas.
Critican la tibieza en las investigaciones del Ministerio Público
Vera dijo que los fiscales anticorrupción toman todo con tibieza. Citó el caso del gobernador de Central, al que recién después de varios meses se lo imputó.
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Destacan el caso del jefe comunal Óscar Rodríguez, que con numerosos elementos de mal uso de recursos COVID aún no es imputado. Están convencidos de que es un protegido del cartismo porque fue apoyado por Horacio Cartes para ganar la intendencia de Asunción.
Por responder a un sector político, exigen renuncia de Sandra Quiñónez
La movilización apuntó a la fiscala general porque, de manera llamativa, a aquellos sospechosos y procesados por corrupción que son colorados, y más aún afines al cartismo, no les cae todo el peso de la ley.
Perciben que los procesos investigativos están paralizados o son muy lentos, posibilitando que se retrasen allanamientos o pesquisas necesarias, sostuvo Vera.
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