28 de marzo de 2026
En vez de precautelar el buen uso del dinero de sus representados, los legisladores paraguayos se dedican a malgastarlo en beneficio propio, de sus parientes y de sus clientelas políticas. El Poder Legislativo se ha vuelto una máquina para exprimir a los contribuyentes, a costa de la salud y de la educación públicas, entre otros servicios plagados de carencias. El interés particular de sus bien remunerados miembros prima sobre el general, aunque traten de ocultarlo –en vano– mediante los habituales discursos demagógicos. Las nuevas revelaciones en torno a la ley presupuestaria vigente son un ejemplo más del empleo discrecional de fondos públicos en perjuicio de la población. La austeridad es necesaria, no solo durante una “economía de guerra”, como la que existiría hoy, porque el dinero de los contribuyentes se malversa y se derrocha a manos llenas. La “clase política”, por así llamarla, está convencida de que quienes ejercen una función pública pueden disponer del dinero de todos a su arbitrio. Y bien, el fisco no es –no debe ser– un botín que cae en manos de los vencedores de unas elecciones.

El Consejo de Administración del IPS, presidido por Jorge Brítez, aprobó el 12 de noviembre de 2024 la actualización del reglamento de inversiones financieras del fondo común de jubilaciones y pensiones de la previsional. Uno de los cambios más significativos tiene que ver sobre la exclusión del requisito de contar con un patrimonio efectivo, ítem considerado anteriormente como límite para la colocación con “prudencia” de los recursos.
El próximo lunes vence el nuevo plazo para que el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), informe a la CGR adónde fueron a parar los 502.480 millones de guaraníes, provenientes de la emisión de bonos en los últimos años, que debieron destinarse a obras de infraestructura. Se aguardan cumplidas explicaciones del intendente, que sirvan para disipar los fuertes indicios de que el dinero fue destinado al pago de gastos corrientes, a la cancelación de deudas o al aumento de patrimonios particulares, con la presunta complicidad o el encubrimiento de la mayoría de los concejales. Con su actitud evasiva, el intendente ha contribuido a reforzar la sospecha de que se ha cometido una malversación gigantesca.
Brasil terminó cediendo un poco para llegar a un punto intermedio en la tarifa de Itaipú, que quedó fijada en 19,28 dólares el kilovatio/mes para 2024, 2025 y 2026, lo que arroja una diferencia anual de aproximadamente 1.300 millones de dólares por encima del costo básico de la central, a ser repartida en partes iguales, 650 millones para cada país, en forma de “fondos sociales”, durante tres años. El acuerdo puede ser beneficioso, toda vez que se cumplan dos condiciones: que no se constituya en un pretexto para postergar la restitución de los plenos derechos paraguayos en Itaipú, y que esos fondos no sigan siendo utilizados discrecionalmente como una enorme caja negra del poder de turno, sino que ingresen al Presupuesto nacional.

Abogados especialistas en información pública y al manejo correcto de fondos públicos explicaron sus puntos de vista sobre la gobernanza que se menciona en los proyectos de la Unión Europea (UE) y la rendición de cuentas del uso de fondos públicos de parte de las organizaciones no gubernamentales (ONG).