16 de abril de 2024
Un grupo de expresidentes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) evaluó ayer los hechos relacionados con la incautación de carne brasileña ingresada a nuestro país sin la certificación sanitaria. Si bien algunos cuestionan el vínculo del actual presidente Luis Villasanti con Jair de Lima, dueño de Frigorífico Concepción, destino de la carne, primó el criterio de tener una entrevista con el titular del gremio mañana, para evaluar la situación.
El impacto económico del caso contrabando de carne podría ser enorme, porque afecta a todos los sectores de la cadena, sostuvo ayer el ganadero Manuel Riera, directivo de la ARP.
El Frigorífico Concepción está sufriendo las consecuencias de “un plan orquestado por la Asociación Rural del Paraguay (ARP), gremios y algunos competidores que se resisten al libre mercado y buscan instituir un monopolio de la industria cárnica, a través incluso de la manipulación de órganos y funcionarios públicos, afectando de manera directa a unos 2.706 empleados de la industria, y de manera indirecta a más de 10.000 personas”, denuncia en un largo comunicado el presidente de dicha empresa, Jair Antonio de Lima.
El Gobierno levantó ayer parcialmente la suspensión de exportación de carne que pesa sobre el Frigorífico Concepción, informó el ministro de Industria, Gustavo Leite. Dijo que la firma se expone a multa de US$ 15 millones.
El juez penal de Garantías Humberto Otazú admitió la imputación contra Jair Antonio de Lima, dueño de frigorífico Concepción. Asimismo, hay imputación contra los choferes Ednor Mauricio Fernández Delmondes, Gerson Andrés Wasen, Lindiomar Lima De Souza, Jader Pires de Andrade Flipo, todos brasileños, y los paraguayos Armando Ramón Gauto González, Carlos Ramón Mendoza y César Augusto Dos Santos Toledo.