14 de abril de 2026

La dinámica en la transferencia de recursos financieros para la ejecución del Presupuesto General de la Nación se da en un contexto en el que algunas partidas clave registran ajustes a la baja, lo que evidencia cambios en la composición del gasto, más que una expansión homogénea. El seguimiento de estos componentes será clave para evaluar la trayectoria de las finanzas públicas y su impacto en la economía, ya que la composición del gasto sugiere que el dinamismo se concentra en rubros de difícil ajuste, lo que podría condicionar la capacidad de respuesta ante futuros escenarios económicos.

Hacienda solicitó vía por nota al Senado que acelere el tratamiento de un proyecto de ley que pretende blindar las finanzas públicas en épocas electorales. Hay preocupación de la cartera por iniciativas parlamentarias que podrían poner en riesgo el presupuesto. Buscan suspender aumentos salariales e incrementos de gastos corrientes que afecten el esquema tributario.

El aumento de los gastos corrientes nos condena como país; no hay forma de financiar estos pedidos sin afectar los pilares de nuestro crecimiento económico, señaló Beltrán Macchi, de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP). Mientras, el titular de la CAP, Carlos Jorge Biedermann, dijo que no se puede gastar lo que no se tiene, y muchos menos, gastar mal.

Dinero que debió ser blindado en el Fondo para la Excelencia de la Educación fue desviado a otros fines durante las administraciones de Santiago Peña y Lea Giménez en Hacienda, según documentos arrimados a ABC. Se habla de más de US$ 350 millones que fueron a gastos corrientes.

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, dijo ayer que la totalidad de los recursos provenientes de la colocación de bonos en el exterior, que recibió la cartera entre 2013 y este año, ya fueron ejecutados. Estos recursos ascienden a US$ 1.100 millones de dólares, aproximadamente.
Los gremios empresariales de la producción, la industria, el comercio y los servicios advierten al Poder Legislativo que nuestro país no puede seguir incrementando los gastos corrientes, como lo ha hecho durante los últimos 10 años.