4 de marzo de 2026
Los cortes demostraron que nuestro sistema eléctrico no es confiable. Itaipú genera energía suficiente (por ahora), pero los sucesivos gobiernos no se preocuparon de asegurar que dicha energía llegue a destino. Itaipú originó también fondos para posibilitar tal seguridad, pero los mismos terminaron enriqueciendo a la ubicua clientela politiquera.

Aunque en la audiencia de la Comisión de Fiscalización y Control Financiero de la Cámara de Diputados del Brasil, el director financiero brasileño de Itaipú, André Pepitone, defendió los gastos socioambientales de la binacional, legisladores del vecino país cuestionaron la legalidad de los mismos debido a que la nota reversal que los creó no fue aprobado por el Parlamento.

El ministro de Industria y Comercio y miembro del Consejo de Administración de Itaipú, Javier Giménez, afirmó que, en el escenario de una tarifa al costo de la hidroeléctrica, los recursos que actualmente destinan a los gastos sociales de la binacional pasarán directamente a las cuentas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Tras las conclusiones del estudio de la Consultoría Legislativa de la Cámara de Diputados (Conle) del Brasil, según las cuales los gastos sociales de Itaipú son ilegales, programaron una audiencia pública, en la sde del Congreso, para el martes 28 de este mes, para aclarar la composición tarifaria de la energía generada por la hidroeléctrica y los impactos de la inclusión en ella de los gastos socioambientales, informó Gazeta do povo, del vecino país.

La Nota Reversal del 31 de marzo de 2005, por la cual las “iniciativas de la Itaipú Binacional en el campo de la responsabilidad social y ambiental deben constituirse en componentes permanentes de la actividad de generación de la energía”, carece de validez porque nunca fue aprobada y ratificada por el Congreso. Esto publicaba nuestro diario en su editorial del 6 de septiembre de 2016 y días pasados, un estudio solicitado por una congresista brasileña en su país, lo confirmó.

El diputado colorado disidente, Mauricio Espínola, presentó un proyecto de pedido de informes a la Cancillería Nacional sobre el uso de los gastos sociales de Itaipú, ante los datos que se dieron a conocer a raíz de una Consultoría Legislativa de la Cámara de Diputados de Brasil, que señalan posibles irregularidades en la inclusión de los gastos socioambientales en los costos operativos de la Entidad Binacional.