25 de marzo de 2026

El anuncio de implementar una “Economía de guerra” por bajas recaudaciones revela que Santiago Peña lidera un gobierno de mentiras sobre “grado de inversión”, “crecimiento del PIB” y “austeridad” mientras se dilapidan los recursos y se dispara la deuda pública. Así lo manifestó el presidente del PLRA, Hugo Fleitas, al repudiar que Peña hable de haber creado 142.000 nuevos empleos cuando ninguna industria extranjera se instaló en el país.


Según el economista Jorge Mora, el país mantiene una macroeconomía ordenada y crecimiento sostenido, pero que ese avance no se convierte en desarrollo porque aún pesa la debilidad institucional, la desigualdad y el rezago educativo. La clave, sostiene, es que sin reglas sólidas, capital humano e innovación, el crecimiento no mejora de forma efectiva la calidad de vida.

Desde el 9 de enero, el mercado bursátil paraguayo contará con la infraestructura necesaria para conectarse con los custodios internacionales. La modernización busca que los fondos dejen de llegar “a cuentagotas” y que siente las bases para aprovechar la reciente segunda calificación de Grado de Inversión otorgada por S&P.
Una excelente noticia que recibimos la semana pasada, fue el anuncio oficial de la obtención del segundo grado de inversión para Paraguay. Un reconocimiento así no es un hecho menor, y nos ubica en una liga distinta de las que acostumbramos a jugar. Así que está muy bien celebrarlo, como también es importante entender cómo llegamos allí y qué implica.

La calificadora Standard and Poor’s en su informe sobre Paraguay, donde argumentó la mejora de la nota, proyecta un ritmo de crecimiento económico del 4% para los próximos años, con fuerte impulso de las inversiones, con lo cual esperan que haya un mejoramiento en los ingresos de los ciudadanos, con un PIB percápita que llegue a unos US$ 9.000 para el 2027.

La solvencia técnica del país blinda la economía frente al deterioro institucional y el desequilibrio de poderes, sostiene el economista José Ayala Cambra. Advirtió que “forzar las leyes a conveniencia” es un juego peligroso que ignora la verdadera amenaza: el amplio sector social desacoplado del éxito macroeconómico.