La justicia paraguaya atraviesa uno de los momentos más sombríos de su historia reciente. En estos días aciagos, el sistema judicial se ha convertido en un escenario de contradicciones flagrantes, donde la impunidad se reparte con selectividad quirúrgica y la ley parece aplicarse según el apellido, el partido o el poder económico del implicado.
El sobreseimiento del senador Hernán Rivas, la comodidad con la que Erico Galeano permanece en su casa pese a una condena de 13 años de prisión, y el asesinato del fiscal Marcelo Pecci –que sigue sin justicia real a casi cuatro años de lo sucedido– forman un trío siniestro que desnuda la crisis profunda del Poder Judicial. Mientras tanto, una viuda reclama incansablemente verdad y rendición de cuentas, y solo recibe el silencio ensordecedor de una institución a la que su esposo entregó toda su vida.
El caso del senador colorado cartista Hernán Rivas es paradigmático. Acusado de producir y usar un título de abogado de contenido presuntamente falso, obtuvo un sobreseimiento definitivo de la Cámara de Apelaciones por prescripción del delito. A pesar de que la Fiscalía recurrió en casación ante la Corte Suprema, la decisión dejó la impresión de que ciertos políticos gozan de un blindaje que impide a la ciudadanía ver que la justicia se imparte a todos por igual.
Casi en paralelo, el senador Erico Galeano, condenado por lavado de activos y asociación criminal en el marco del caso “A Ultranza Py”, salió caminando del tribunal y regresó a su lujosa residencia en lugar de ingresar a una cárcel. Mientras miles de paraguayos cumplen condenas en condiciones inhumanas en las penitenciarías del país, Galeano disfruta de arresto domiciliario o medidas alternativas que, a ojos de la opinión pública, parecen privilegios reservados para los de arriba.
El drama más doloroso es, sin duda, el del fiscal Marcelo Pecci. Asesinado a sangre fría en mayo de 2022 durante su luna de miel en Colombia, Pecci representaba la cara más valiente de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Hoy, los autores materiales han sido juzgados en otros países, pero los autores intelectuales –aquellos que ordenaron su muerte desde las sombras– permanecen intocables.
Su viuda, Claudia Aguilera, recorrió todos los espacios posibles: actos públicos, entrevistas, foros internacionales. Reclama verdad, justicia y que no se olvide el legado de su esposo. Pero el silencio de la Fiscalía y del Poder Judicial es no solo ofensivo; es una traición a la memoria de quien dio todo por el Estado de derecho. Esa misma institución que él defendió parece haber decidido mirar para otro lado cuando se trata de esclarecer quién mandó matarlo.
Estos hechos no ocurren en el vacío. Son síntomas de un mal estructural: una justicia politizada, permeable a las presiones y selectiva en su rigor.
Por citar un ejemplo concreto, en un mismo día la Fiscalía avanzó con la acusación contra directivos del Banco Atlas por presunto lavado de dinero, pese a los indicios de irregularidades en la denuncia impulsada por la Conmebol y al acuerdo firmado por Alejandro Domínguez y su abogado Claudio Lovera con los herederos de Nicolás Leoz, el cual –según se denuncia– mantuvieron en secreto. Por otro lado, la justicia condenó a la abogada y activista social Esther Roa, utilizando el derecho penal como garrote, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en múltiples sentencias que la vía penal es desproporcionada para sancionar expresiones sobre asuntos de interés público.
Y, para cerrar el círculo negro de esa jornada, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) archivó una grave acusación contra la jueza de Paz de La Encarnación Carmen Analía Cibils, –involucrada en el caso “mafia de los pagarés”– con los votos clave de Enrique Berni y Alejandro Aguilera. Tres resoluciones en 24 horas que desnudan la misma lógica perversa: protección sistemática a los poderosos y rigor selectivo contra quienes incomodan al sistema.
Este ocaso de la justicia paraguaya se manifiesta en su máximo esplendor, aunque suene paradójico. Nunca antes había sido tan clara la brecha entre lo que promete la Constitución –igualdad ante la ley, independencia judicial, protección de derechos– y lo que entrega la realidad diaria. Un sistema que sobresee a senadores con títulos dudosos, que permite que condenados por narcotráfico duerman en sus mansiones, que deja sin respuesta el asesinato de uno de sus mejores fiscales y que criminaliza a activistas mientras protege a magistrados cuestionados, no es un sistema de justicia. Es un instrumento de poder.
La ciudadanía observa con creciente hartazgo y desconfianza. Cada sobreseimiento, cada privilegio, cada condena selectiva erosiona un poco más la poca fe que quedaba en las instituciones. La democracia paraguaya no puede sostenerse sobre un Poder Judicial capturado por intereses políticos y económicos.
Se necesita una reforma profunda: mayor transparencia en la selección de magistrados, rendición de cuentas efectiva, límites reales a la influencia partidaria y un compromiso genuino con los estándares internacionales de derechos humanos.
Mientras tanto, seguiremos viviendo días aciagos. Días en los que la viuda de Pecci grita en el desierto, en los que Esther Roa paga con su libertad el precio de alzar la voz, y en los que la justicia parece reservada solo para quienes no tienen poder. Es hora de que la sociedad exija, con fuerza y sin descanso, que este ocaso dé paso a un nuevo amanecer. La democracia lo necesita. El país lo merece.