El senador Ever Villalba (PLRA) solicitó someter a votación la derogación de la Resolución N.º 1643, aprobada el pasado 11 de marzo, que había concedido el permiso al legislador.
El pedido fue aprobado sobre tablas y se convirtió en el primer punto del orden del día, evidenciando un amplio consenso político para dejar sin efecto una medida ampliamente cuestionada por su inconstitucionalidad.
En paralelo, el líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, solicitó que el próximo martes, en una sesión extraordinaria, se trate el pedido de pérdida de investidura de Galeano, iniciativa que será impulsada tanto por el oficialismo como por legisladores de la oposición.
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Con la revocación del permiso, Galeano vuelve a estar plenamente sujeto a las decisiones del pleno del Senado, lo que habilita el tratamiento inmediato de su eventual expulsión.
El antecedente: un permiso inconstitucional
El permiso “sine die” había sido otorgado el 11 de marzo por una mayoría de senadores, en medio de fuertes críticas por contradecir la Constitución Nacional, que no contempla este tipo de licencias para legisladores que buscan esperar la revisión de una condena judicial.
La Carta Magna solo permite permisos en casos específicos, como el ejercicio de otro cargo público, lo que generó cuestionamientos jurídicos y políticos desde distintos sectores.
El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), - antes de la sesión ordinaria - había adelantado que se impulsaría la revocación del permiso y que, en caso de no concretarse la renuncia de Galeano, se avanzaría con su expulsión.
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“No hay una cuestión de esperar. Primero se anula el permiso y luego se evaluarán los siguientes pasos”, había señalado tras una reunión de bancadas.
Hasta el momento, Galeano no presentó oficialmente su renuncia a la Cámara de Senadores, y la negativa incluso fue señalada por su abogado, Ricardo Estigarribia, lo que acelera el escenario político hacia una definición en el pleno del Senado.
Con esta decisión, el Congreso busca corregir una resolución considerada inconstitucional y responder a la creciente presión pública en torno a un caso que se convirtió en uno de los más sensibles de la agenda política nacional.