8 de abril de 2026

El ex titular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Justo Pastor Cárdenas Nunes cumple su condena a 7 años de cárcel por corrupción desde el pasado 27 de marzo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al inicio del proceso el ex alto funcionario ya cumplió un tiempo de prisión preventiva y luego con arresto domiciliario. Teniendo en cuenta la situación el juzgado de Ejecución de la causa definió cuándo compurgará Cárdenas su condena.


Marcos Ávalos es un antiguo poblador de Carmelo Peralta (Alto Chaco) que gestionó y pagó en 1991 por las 60 hectáreas del Indert en cercanías al futuro puente del Corredor Bioceánico. Su trámite, sin embargo, fue ninguneado por el actual titular del ente, Francisco Ruiz Díaz, quien adjudicó en 2024 el inmueble a Marlene Oviedo, una joven de 24 años.

El senador Rafael Filizzola expresó que no está mal que los poderes públicos conversen, pero afirma que no entiende la presencia de Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado, en dicha reunión. Dejó en claro que el silencio al respecto dice más de lo que podrían indicar las palabras.

El presidente de la República, Santiago Peña, advirtió al senador del Partido de la Libertad, Eduardo Nakayama, que de seguir “gritándole” a Francisco Ruiz Díaz, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), se encontraría “con una verdad que es como una piedra, dura y cuando te golpea te puede tirar al piso”. El legislador acusó a Ruiz Díaz de “regalar” tierras del Corredor Bioceánico a “narcotraficantes y políticos”.

SAN PEDRO. La Policía Nacional intensifica los operativos preventivos y de control en la zona de conflicto por tierras del distrito de Santa Rosa del Aguaray, donde dos grupos campesinos mantienen una disputa que se agrava con tiroteos intimidatorios, amenazas y presencia de personas armadas.

SAN PEDRO. La conflictiva disputa por la posesión de tierras en el distrito de Santa Rosa del Aguaray escala peligrosamente. Se registran tiroteos intimidatorios, amenazas y presencia de encapuchados armados, mientras dos grupos campesinos se disputan un inmueble de 300 hectáreas en el asentamiento Pedro Giménez. La situación es considerada de alto riesgo y organizaciones locales exigen la intervención urgente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).