Autoridades del PLRA conmemoraron ayer siete años del asalto policial a la sede partidaria y el asesinato de Rodrigo Quintana. Vincularon a Horacio Cartes y a José Ortiz como supuestos responsables intelectuales del crimen y advierten al fiscal general que tarde o temprano ellos también pagarán por su complicidad.
El juez Humberto Otazú fijo para el 8, 9 y 10 de agosto próximo para desarrollar la audiencia preliminar para los siete acusados en los casos de tragamonedas, quiniela y reducción del canón, aparentes hechos de corrupción que salpica a autoridades de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).
El 29 de junio del 2009, ABC Color y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicaron por primera vez a Horacio Cartes y sus negocios tabacaleros; en 14 meses de trabajo transnacional aparecían indicios de que el 10% del contrabando mundial provenía del Paraguay donde se fabricaban 68.000 millones de cigarrillos y se consumían solo 3.000 millones; ni un solo pabilo se exportaba al Mercosur.
El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero, Jorge Querey (FG), solicitó ante el pleno que los asesores de la Cámara emitan un dictamen para respaldar la potestad de la comisión de convocar a particulares, luego de que empresarios tabacaleros se hayan negado a colaborar. Indicó que si bien la Constitución Nacional es clara, pretenden que el dictamen ayude contra la “campaña política” del cartismo.
La fiscala María Estefanía solicitó juicio oral para siete de los ocho imputados por aparentes hechos de corrupción en gestión de juegos de azar. Son exautoridades y exmiembros de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y Álvaro Wamosy, representante de TDP SA, explotadora de la quiniela. En tanto que solició el sobreseimiento provisional para el exprocurador Sergio Coscia.
El abogado Pedro Ovelar, representante de José Ortiz, gerente de Tabacalera del Este (Tabesa), dijo que la amenaza de usar la fuerza pública para hacer comparecer a su cliente ante la Comisión Bicameral que investiga delitos de lavado de dinero puede tipificarse como un hecho punible. Reconoció que Ortiz no quiere declarar por temor a que se lo incrimine en delitos.