20 de diciembre de 2025

La jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado Lici Sánchez hizo lugar a la extradición voluntaria de Alexandre Rodrigues Gomes, requerido en Brasil por supuestamente liderar un esquema de narcotráfico. Pero, para poder ir a su país primero debe finiquitar sus causas en Paraguay dijo esta noche, la magistrada, al programa Momento Justo de ABC Cardinal.


La jueza de Garantías de Crimen Organizado Lici Teresita Sánchez libró exhorto a las autoridades de Venezuela, solicitando la extradición de las mujeres integrantes del clan Villalba –que lidera el grupo de secuestradores y asesinos EPP– que estaban radicadas en Argentina como refugiados políticos. Paraguay reclama la extradición de las presuntas criminales, quienes presuntamente escaparon de Argentina, pasaron primero a Bolivia y luego a Venezuela.

El narcotraficante Jaime Franco, condenado a 18 años de cárcel por tráfico de cocaína y recientemente procesado por presunto lavado de dinero, donde se dictó su prisión preventiva; es requerido por la Justicia de Brasil para compurgar una pena de 60 años de cárcel, también por narcotráfico. Paraguay aprobó su extradición, pero debe finiquitar primero los procesos que afronta en nuestro país.

Un Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado ratificó que las 7 personas detenidas en el Operativo “Apulia” serán juzgadas en un juicio oral, por supuesta posesión y tráfico de estupefacientes. La operación se concretó en mayo de 2022.

Una jueza de Garantías decretó de oficio la prescripción de la causa penal sobre el perjuicio patrimonial de G. 9.860 millones a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y el sobreseimiento definitivo de doce procesados, entre ellos un ex titular de la hidroeléctrica. El expediente estuvo en la Cámara de Apelaciones por 7 años para resolver la impugnación de un juez contra la inhibición de un colega suyo.

El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción confirmó el bloqueo de bienes y cuentas bancarias que están a nombre de los 22 procesados por presunto tráfico de armas, en el caso Dakovo. La resolución del tribunal de alzada afecta también a “Internacional Auto Supply S.A”, firma que presuntamente fue utilizada para el ilícito, según los investigadores.