Una jueza de Garantías decretó de oficio la prescripción de la causa penal sobre el perjuicio patrimonial de G. 9.860 millones a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y el sobreseimiento definitivo de doce procesados, entre ellos un ex titular de la hidroeléctrica. El expediente estuvo en la Cámara de Apelaciones por 7 años para resolver la impugnación de un juez contra la inhibición de un colega suyo.
La jueza Lici Sánchez, decretó la rebeldía y la inhibición de vender y grabar los bienes de tres supuestos implicados en el cargamento de 653 kilos de cocaína confiscado en Uruguay, en noviembre último. La droga, oculta en carne vacuna, tenía como destino final Rusia.
Hoy inició la preliminar de Armando Javier Rotela, jefe del Clan Rotela, y otros ocho acusados de presunto microtráfico. Sin embargo, la diligencia no pudo continuar debido a baja señal de internet en la cárcel de Tacumbú, desde donde los procesados estaban participando por videollamada; y el juzgado los convocó para mañana, a las 8:00, a fin de continuar la audiencia de manera presencial.
Para este jueves 10 de noviembre, a las 8:30, se reprogramó la audiencia preliminar de Armando Javier Rotela, jefe del Clan Rotela, y otros ocho acusados de presunto microtráfico en el marco de la “Operación Chacal”. La diligencia estaba prevista para hoy, pero no se pudo sustanciar porque desde la cárcel de Tacumbú afirmaron que no fueron notificados.
Bernardo Armoa Riquelme, indígena imputado por supuesta asociación terrorista, guardará prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú por orden del Juzgado de Garantías. El mismo es sospechoso de colaborar con el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, para ejecutar a otros dos indígenas el domingo 23 de octubre pasado, en la zona de Cerro Guazú (Amambay).
Doce acusados de integrar la organización liderada por el narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, enfrentarán juicio oral y público por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal. El patrimonio de la organización delictiva supera los US$ 100 millones y es administrado por la Senabico.