pensiones

La seguridad social en América Latina enfrenta un desafío estructural que afecta a millones de trabajadores. Más de la mitad de la fuerza de trabajo en 17 países de la región carece de cobertura efectiva en los sistemas de pensiones. A pesar de la expansión de la formalización laboral en ciertos sectores, el acceso a los beneficios previsionales sigue siendo limitado, lo que plantea un problema a largo plazo para la seguridad económica de la población envejecida.

La inclusión laboral sigue siendo uno de los grandes retos económicos y sociales en América Latina y el Caribe, una región caracterizada por una alta desigualdad y una estructura del empleo vulnerable. De acuerdo con los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de los 502 millones de personas en edad de trabajar, el 62,5% formaba parte de la fuerza laboral. Sin embargo, esta participación no garantiza condiciones de empleo que contribuyan al desarrollo social y económico de los países.

Un proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados para establecer un sistema de comprobación de sobrevivencia de jubilados mediante cruzamiento de datos de instituciones estatales. La iniciativa busca evitar fraudes en los pagos a jubilados fallecidos, utilizando tecnología para optimizar los controles.

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra monitoreando el funcionamiento del Instituto de Previsión Social (IPS), para lo cual se reúnen con las autoridades a fin de interiorizarse sobre el desempeño financiero e identificar áreas de mejoras para eventuales reformas, según indicaron desde la previsional. Entre otros aspectos, analizarán la sostenibilidad del fondo de salud y de pensiones.

El Gobierno de Argentina informó que va a citar a 1.200.000 ciudadanos que hoy están cobrando la pensión por invalidez. Las autoridades sostienen que se montó un sistema ilegal durante los gobiernos kirchneristas, donde se habrían desviado 3.400 millones de dólares.