5 de diciembre de 2025

El abogado Ezequiel Santagada advirtió que la Procuraduría General de la República (PGR) opera sin un titular designado por el Poder Ejecutivo y con un “encargado de despacho” cuya designación sería nula. La disputa afecta un juicio de amparo por acceso a datos de Mburuvichá Roga y, a la vez, expone una grave falla institucional.

El actual procurador general fue propuesto por el Ejecutivo para integrar el Directorio del Banco Central del Paraguay. Destacó el liderazgo técnico del presidente Peña y reafirmó su compromiso con decisiones que beneficien directamente al ciudadano común.

La designación del procurador general de la República, Marco Aurelio González, como vicedecano de la Facultad de Derecho de la UNA es nula, según el abogado Hugo Estigarribia. Esta irregularidad acarrea la nulidad de sus actuaciones y podría concluir con la intervención de la casa de estudios.

Para el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia, que el procurador general de la República, Marco Aurelio González, ocupe el cargo de vicedecano de la Facultad de Derecho de la UNA es violatorio de la ley y podría ser causal de Juicio Político. Asegura que, salvo que tenga el aval de una acción de inconstitucionalidad o una medida cautelar, debería apartarse de uno de ellos.

Un Tribunal de Sentencia Unipersonal hizo lugar a la demanda planteada por la Procuraduría General de la República (PGR) y condenó a los exministros de Agricultura y Ganadería (MAG) Enzo Cardozo y Rody Adán Godoy; y a la exdirectora de Administración y Finanzas de la institución Maristela Azuaga, a reparar el perjuicio por casi G. 69.000 millones, causado al Estado entre 2012 y 2013. Actualmente, Cardozo y Azuaga cumplen condenas a 10 años de cárcel y Godoy a 7 años de cárcel, por el millonario desvío en la cartera estatal.

El juicio de reparación del daño en contra de los exministros de Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo y Rody Adán Godoy y la exdirectora de Administración y Finanzas de la institución Maristela Azuaga continúa este lunes, a las 10:00, con los alegatos finales de la última defensa. El Estado, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), exige casi G. 69.000 millones a los condenados.