2 de abril de 2026

La actuaria judicial Juliana Romero Maciel, enjuiciada por presuntamente borrar del sistema informático del Poder Judicial un expediente de Ramón González Daher, manejaba a su antojo la causa en la que el usurero luqueño está acusado por testimonio falso. Esto se desprende de las declaraciones en el juicio oral de un juez de Sentencias y una funcionaria judicial, que confirmaron que la encausada preparó todo el camino para hacer desaparecer el expediente de RGD.

El recurso de reposición planteado por la defensa del usurero luqueño Ramón González Daher (RGD), en contra de la providencia que confirmó la intervención de la fiscala de Ejecución Celia Beckelmann en la presente causa, fue rechazado por el Juzgado. La agente encargada de la ejecución de la condena a 15 años de cárcel para RGD había solicitado informe sobre los celulares incautados al condenado y a su hijo, Fernando González Karjallo, en la Penitenciaría de Coronel Oviedo.

El pedido del Ministerio Público para la extracción de datos de los celulares incautados al usurero luqueño Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo fue rechazado por el juez de Coronel Oviedo (Caaguazú) Rodney Gustavo Ovelar Benítez. El magistrado es hermano del senador cartista Silvio “Beto” Ovelar.

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados realiza hoy la subasta pública de bienes requisados, que en esta ocasión incluirá una lujosa mansión comisada en el marco de uno de los procesos judiciales al exdirigente deportivo y político luqueño Ramón González Daher. Además, subastarán un bote del operativo A Ultranza, terrenos y vehículos de diversas causas.

La Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados realizará el 11 de diciembre su próxima subasta pública de bienes requisados, que en esta ocasión incluirá una lujosa mansión comisada en el marco de uno de los procesos judiciales al exdirigente deportivo y político luqueño Ramón González Daher, sobre quien pesan varias condenas por delitos como usura o extorsión.

El Ministerio Público presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución de Cámara de Apelaciones que otorgó a Fernando González Karjallo la promoción al período de prueba, paso previo a la libertad condicional del condenado a cinco años de cárcel por lavado de dinero fruto de la usura. La fiscala de Ejecución de la causa pide anular la decisión de segunda instancia, alegando que es “incongruente y arbitraria”.