Los abogados Ezequiel Santagada, Federico Legal y Cecilia Pérez presentaron una nota oficial ante la Contraloría General de la República (CGR). Los mismos pidieron un informe para aclarar quién debe castigar a los entes que no rinden cuentas de forma transparente.
La preocupación central de los recurrentes se basa en la Ley 5189/14, que obliga a todas las instituciones públicas a publicar mensualmente cuánto ganan sus funcionarios. Esta ley establece que, si no se cumple con la transparencia, el organismo debe ser multado con el equivalente a 180 días de salario del responsable.
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Sin embargo, advierten que existe una confusión legal que podría estar frenando estas sanciones. Por ello, solicitan que el Contralor General, Camilo Benítez Aldana, emita un pronunciamiento institucional expreso sobre si su institución tiene o no la facultad de aplicar estas multas por falta de información.
La nota destaca que el reciente Decreto 5311/26, que reglamenta el presupuesto de este año, nombró a la Contraloría como el ente encargado de supervisar la integridad y transparencia pública.
No obstante, cuestionan si un decreto reglamentario puede realmente otorgar funciones a la Contraloría que no están detalladas claramente en las leyes superiores.
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Según el documento, existe el riesgo de que el Poder Ejecutivo haya excedido sus atribuciones al traspasar funciones por decreto, lo que podría generar un vacío legal donde nadie termina aplicando los castigos previstos.
Exigen auditoría y claridad
Ante esta situación, el pedido es saber si la Contraloría considera que no tiene las herramientas legales para multar, debe pedir explicaciones al Ministerio de Economía y Finanzas sobre por qué no se están ejecutando las sanciones económicas a los entes infractores.
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Finalmente, los solicitantes sugieren que se realice una auditoría de gestión sobre este tema específico. El fin último es evitar que la falta de control ciudadano sobre los fondos públicos se convierta en una costumbre y que las leyes de transparencia dejen de ser letra muerta.