IPS: los argumentos del juez que suspenden millonaria licitación para planchado y lavado

El juez penal de Garantías Humberto Otazú hizo lugar a un recurso de amparo y suspendió la millonaria licitación del Instituto de Previsión Social (IPS) para lavado y planchado, cuyo contrato sería por 10 años y tiene un costo de G. 485.885 millones (alrededor de US$ 67 millones).

Otazú dio a conocer los argumentos de su decisión. Explicó que se presentó un recurso de amparo por supuesta violación de la carta orgánica de la previsional, por lo que solicitó un informe al IPS sobre dicho proceso, a lo que -indicó- la institución respondió justificando la licitación con un memo, el cual presenta varias “inconsistencias”.

Una de las presuntas irregularidades que detectó es que el IPS alega que debe adquirir lavarropas especiales porque los que tenía están “deteriorados”, pero -agregó- la previsional no presentó documento técnico alguno que respalde que las máquinas están inutilizables.

Además, la previsional menciona en su contestación que estas máquinas “deterioradas” serían redireccionadas a otras dependencias del IPS, por lo que -mencionó- surge la incógnita de si estos equipos se encuentran inutilizables o no. “Si funcionan, entonces, ¿para qué se necesita (comprar)?”, expresó.

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Más presuntas irregularidades en torno a millonaria licitación en IPS

Otra de las cuestiones llamativas que detectó es que la licitación amplió el período de explotación de 5 a 10 años. No existe un informe técnico-financiero que respalde la extensión del período de contrato, según el juez.

Igualmente, una de las observaciones más importantes que realizó el juez Otazú es que no se especifica cuál será el rubro utilizado para la financiación de la adjudicación. “Es ahí que pasa a tener en consideración que podrían estar vulnerados o correr peligro los fondos jubilatorios, que tienen rango y protección constitucional y consiguientemente un impacto a lo que hace el derecho a la vida y la salud”, dijo.

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También alegó que -hasta la presentación del amparo- no existían detalles con respecto a la licitación, en cumplimiento de la ley de acceso a la información pública.

No existe respaldo documental, según juez

“El Juzgado entiende que debe privar la prudencia en este tipo de licitaciones, en el sentido que es importante que se tenga las reglas claras, que se ponga a disposición toda la documentación. Si existiese un fundamento técnico válido que ese servicio va a redundar en beneficio para asegurados y el IPS se va a ahorrar, entonces que se demuestre cómo van a surgir esos efectos”, declaró.

“Si el IPS tiene la capacidad de poner 500 prendas cada semana -lo digo a modo de ejemplo- y subió a 2.000, en teoría está en 1.500, pero no hay ese informe que pueda avalar. Con eso entendemos que no se encuentra justificada la necesidad de este llamado, al menos de los documentos que pusieron a mi disposición”, agregó.

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La suspensión se da hasta que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dictamine sobre la licitación, ya sea para su cancelación o avance, según indicó el juez Otazú.

El recurso de amparo que dio lugar el juez fue presentado por el Sindicato de Profesionales de Instituto de Previsión Social, el pasado 30 de mayo, para exigir la revisión de la millonaria licitación.