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El primer pedido se relaciona con el informe de auditoría del grado de amortización de las deudas contraídas por nuestro país para la construcción de la hidroeléctrica. El segundo acerca del estudio de la tarifa vigente y futura “en unidades de potencia”. El tercero se refiere a las proyecciones y estado de la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú.
El pedido de informes fue presentado el miércoles 24 al aún presidente del Senado, Silvio Ovelar y, por medio de él, a la cámara alta, en el formato de un proyecto de resolución.
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Si los senadores aprueban el proyecto, la Cancillería e Itaipú deberán responder -con la documentación respaldatoria - este requerimiento en un plazo de 15 días.
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En la exposición de motivos, Iramain recuerda que la binacional se comportó “histórica y sistemáticamente” como un “claustro inexpugnable”. Que la binacional manipuló y violó el principio de la transparencia y rendición de cuentas públicas.
El “lapidario” informe de la Contraloría General de la República
Recuerda, en ese sentido, lo que ocurrió con “el lapidario informe” de la Contraloría General de le República en su investigación de la “deuda espuria” de la entidad binacional, que entre sus conclusiones confirmó “una deuda ilegal” de US$ 4.193 millones, que se generó entre 1985 y 1997. Apunta asimismo sus secuelas institucionales debido a varios refinanciamientos, etc.
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“Esto que se expone es un caso que nos ejemplifica el alevoso perjuicio que ha causado el obscurantismo en el manejo de la entidad, cuyas autoridades alegan que no pueden responder a solicitudes de informes y datos que son de utilidad pública; sin embargo, por su actuar negligente, el manejo político corrupto y discrecional de los recursos generados por Itaipú generan multimillonarias pérdidas, que posterga el desarrollo de todo el país”, agrega.