La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, salió al paso de las críticas a su gestión en medio de los reclamos de los gremios de la construcción por atrasos en los pagos y de la supuesta falta de coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En ese contexto, Centurión sostuvo que las tensiones internas no la inquietan. “Tenemos que trabajar en equipo. A mí no me preocupan las patadas; uno está listo para recibirlas, en general, del equipo contrario y, a veces, del mismo equipo; pero no pasa nada. La idea es resolver y todo el Ejecutivo está ocupándose de que esta deuda se vaya a saldar en el menor tiempo posible”, afirmó.
De esta manera, Centurión intentó minimizar las tensiones internas dentro del Ejecutivo y ratificar que su prioridad es sostener el ritmo de las obras públicas.
Explicó que, al cierre de la jornada de ayer, la deuda del MOPC con contratistas ascendía a US$ 210 millones, de los que US$ 95 millones ya cuentan con certificados listos para ser pagados, mientras que el resto corresponde a expedientes en proceso administrativo. A ese monto se suman cerca de US$ 100 millones en intereses, admitiendo así una deuda de más de US$ 300 millones.
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Fondos externos, obras locales y tensión fiscal
Durante la entrevista del programa Mesa de ABC TV, Centurión indicó que entre el 65% y el 70% de los pagos del MOPC corresponden a fondos externos, respondiendo al reclamo del ministro del MEF, Carlos Fernández Valdovinos, quien días pasados arremetió contra ella, debido a la “pésima gestión” que causó el atraso en los pagos a constructoras, anunciando la liberación inmediata de fondos externos.
Señaló, sin embargo, que las obras financiadas con fondos locales, principalmente urbanas, ejecutadas por pequeñas y medianas empresas, que no pueden ser relegadas por el impacto social y territorial.
La ministra atribuyó el atraso en los pagos a la falta de un plan de caja definido por el Ministerio de Economía, en un contexto donde el espacio fiscal se vio presionado por programas prioritarios, como Hambre Cero y Adultos Mayores. Aclaró que no hubo desvío de recursos de obras públicas, sino una competencia temporal por el espacio fiscal disponible.
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En este sentido, resaltó que la falta de un plan de caja definido generó preocupación en el sector. “Si el nivel de documentos listos para pagar no cuenta con un plan de caja, eso genera incertidumbre y ansiedad en el sector de la construcción para que las deudas se honren a la brevedad. Hemos enviado con fuerza el mensaje de que eso va a ser así: vamos a regularizar. El Estado no termina en el mes de diciembre; vamos a pasar con una deuda flotante que va a impactar en el presupuesto 2026 y, así sucesivamente, iremos honrando las deudas”, aseguró.
Previsibilidad y plan de pagos
Uno de los puntos más sensibles de los atrasos en los pagos es el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas constructoras, que denuncian riesgo de quiebra por la ruptura de la cadena de pagos. Al respecto, Centurión reconoció la vulnerabilidad del sector y afirmó que el Gobierno aplica criterios de pago proporcional y por antigüedad de la deuda, para que todas las empresas puedan recibir al menos una parte de lo adeudado.
“Las empresas privadas necesitan previsibilidad. Hacen inversiones, contratan mano de obra y tienen capital operativo que debe ser devuelto”, señaló, al tiempo de remarcar que el Estado reconoce oficialmente como deuda solo los trabajos certificados y aprobados por fiscalización de obra.
También recordó que varias empresas llegaron golpeadas desde administraciones anteriores, con contratos que excedían su capacidad financiera, lo que derivó incluso en rescisión de obras por quiebra de contratistas.
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Obras en marcha y mensaje político
Pese al escenario de tensión, la ministra aseguró que las obras continúan en los 17 departamentos del país, con una ejecución presupuestaria cercana al 90% (la cartera dejó de socializar de manera oficial su ejecución presupuestaria). Enumeró proyectos de infraestructura vial, hospitales, escuelas, centros de primera infancia y obras de agua y saneamiento, además de intervenciones financiadas con recursos de Itaipú, como el programa Plan Mil, que alcanza a los 273 distritos del país, cuestionado por encararse para campaña electoral de cara las elecciones municipales.
Centurión negó cualquier quiebre personal o político con el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, y aseguró que la relación es “buena” y de trabajo permanente. “No siempre tenemos que estar de acuerdo, pero hay respeto y un objetivo común”, afirmó.
Finalmente, dejó un mensaje directo al sector de la construcción: “El Estado siempre paga. Vamos a atravesar este bache y el flujo normal de pagos se va a regularizar”. Mientras tanto, admitió que la deuda flotante impactará en el presupuesto de 2026, en un escenario donde el Gobierno apuesta a sostener la inversión pública como motor de crecimiento.