Más de una década después de haberse presentado como la solución a la histórica escasez de agua potable en el Chaco Central, el acueducto del chaco vuelve a poner al descubierto serias falencias de planificación y administración, según reveló una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) de la Contraloría General de la República (CGR) a la fracasada obra.
El documento que concluyó en octubre, pero que recién se dio a conocer hace unas semanas, también reveló que el Estado paraguayo no es propietario de los terrenos donde se construyeron los tanques de almacenamiento, los centros de distribución, las estaciones de bombeo y la planta de tratamiento del proyecto acueducto (primera y segunda etapa).
La información surge del Memorándum CGR N° 68 DGCFP/FEI/MOPC, del 5 de diciembre de 2023, mediante el cual la Contraloría solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) documentación que acreditara la titularidad de los predios en las ciudades de Puerto Casado, Loma Plata, Filadelfia, Neuland y Mariscal Estigarribia.
La respuesta del MOPC, fechada el 29 de diciembre de 2023, y adjuntada por la Dirección de Auditoría Interna, confirmó que todos los predios son propiedades cedidas para usufructo, pertenecientes a cooperativas privadas o, en un caso, a la ESSAP SA.
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¿De quiénes son los terrenos?
Según el informe, el terreno de Puerto Casado pertenece a Victoria Paraguay S.A, el terreno de Loma Plata pertenece a la Cooperativa Chortitzer, los terrenos de Filadelfia y Neuland pertenecen a la Cooperativa Fernheim y el terreno de Mariscal Estigarribia pertenece a la ESSAP S.A.
La auditoría aclara que, al tratarse de cesiones de usufructo, no existe copia de los títulos de propiedad en la Coordinación de Proyectos Agua Potable, Saneamiento y Obras Hidráulicas (CAPSOH), lo que implica que ni el MOPC ni el Estado paraguayo cuentan con la titularidad legal de los predios donde se ejecutaron las obras.
“De la información proporcionada se colige que el MOPC, y por ende el Estado paraguayo no son propietarios de los terrenos donde fueron construidas las obras de los tanques de almacenamiento y centros de distribución de agua, estaciones de bombeo, y planta de tratamiento del proyecto Acueducto Primera y Segunda Etapa”, resaltó en ente de control.
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Obra que involucra a tres Gobiernos
Este hallazgo abre un nuevo cuestionamiento sobre la gestión del proyecto, que involucra a los exministros Enrique Salyn Buzarquis, Ramón Jiménez Gaona, Arnoldo Wiens y, en su última fase, a Rodolfo Segovia, secretarios de Estado de tres gobiernos diferentes.
En la práctica, significa que el Estado invirtió más de US$ 100 millones en obras ubicadas sin asegurarse la propiedad de los terrenos. Esta situación añade otro cuestionamiento a la larga lista de irregularidades que la CGR ha detectado en el acueducto del chaco, que ya incluyen ausencia de estudios de factibilidad y viabilidad previos a la ejecución, sobrecostos, incumplimientos contractuales y falta de abastecimiento de agua a las comunidades chaqueñas.
Fiscalía inició una investigación
El agente fiscal de la Unidad Penal Nº 9, especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Lionel Piñánez García, inició una investigación sobre el fracasado acueducto del Chaco, cuyas obras comenzaron en 2012 y abarcaron a varias administraciones.
En total, el MOPC desembolsó más de US$ 100 millones para una obra que resultó un fracaso, ya que el agua sigue sin llegar a las comunidades que debían ser beneficiadas. El fiscal confirmó que remitieron pedidos de informe a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, en el marco de la investigación por una supuesta lesión de confianza en esta obra.
Piñánez explicó que la investigación se inició tras un informe de la Contraloría General de la República (CGR), que, tras una auditoría, reportó indicios de hechos punibles al Ministerio Público.
