La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras la presentación de una denuncia formal por presuntas irregularidades graves en la subasta pública de 1.586 transformadores en desuso, realizada bajo la Resolución P/N° 51043/2025.
La denuncia, realizada por Juan Sebastián Silguero en representación de Asunción Soluciones Ambientales S.A., fue dirigida al Contralor General de la República, Dr. Camilo Benítez Aldana. El documento advierte sobre un posible perjuicio patrimonial al Estado y la configuración de delitos como colusión, direccionamiento y fraude al erario público.
ANDE: subasta de 2 minutos
Uno de los puntos más llamativos de la denuncia es la celeridad con la que se liquidaron los bienes públicos. Según el denunciante, la subasta —realizada el pasado 23 de diciembre, en plena víspera de festividades— duró apenas dos minutos y 16 segundos.
En este tiempo récord registraron solo una oferta por cada empresa calificada, que refleja un incremento ínfimo del 0,438% sobre el precio base. En subastas anteriores, la ANDE lograba pujas de hasta el 500% sobre el valor inicial, en esta ocasión apenas sumaron G. 4.745.983 al precio base de G. 1.015.054.017.
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El esquema
El proceso de precalificación es señalado como la herramienta para el direccionamiento.
De 14 empresas postuladas para pujar en la subasta, 11 fueron descalificadas de forma arbitraria el 22 de diciembre a las 12:00, solo 20 horas antes de la subasta y sin posibilidades de defensa. Quedaron, luego de esas decisiones, habilitadas tres firmas: Di Trento Inversiones S.A., RI S.A. y Oils Trader Paraguay S.A.
De acuerdo con la evidencia presentada, que incluye resoluciones del Ministerio del Ambiente (MADES), estas tres empresas estarían vinculadas a una misma persona, Gabrielli Pergher Brunetta, quien aparecería como representante legal común de las firmas. Esto sugiere una simulación de competencia para repartirse el lote de transformadores, señala el denunciante.
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Puertas cerradas y plazos
La denuncia también subraya que la subasta se realizó “a puerta cerrada”, negando el acceso al público general y a los interesados no precalificados, violando el carácter público que exige la ley.
Además, se cuestiona que la convocatoria redujo arbitrariamente el plazo de presentación de documentos a solo tres días, a pesar de que la propia resolución de la ANDE estipulaba 10 días hábiles.
Otro dato relevante es que la resolución del llamado no fue firmada por el presidente de la institución, sino por los directores César Zena y Tito Ronald Ocariz.
Auditoría y nulidad
Ante lo que califican como una violación a la Ley de Defensa de la Competencia y a la Constitución Nacional, el denunciante solicita a la Contraloría: una auditoría interna urgente sobre todo el proceso; la declaración de nulidad absoluta de la subasta y la suspensión de la entrega de los transformadores. También la derivación del caso a la Fiscalía Anticorrupción para investigar a los directores de la ANDE y a los representantes de las adjudicadas.