Gremios docentes se mantienen en “pie de guerra” y amenazan con no ir a clases cuando comience el nuevo año lectivo si se da curso inmediato a la propuesta de reforma de la Caja Fiscal que presentó esta semana el Poder Ejecutivo a la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en la que se plantean cambios como establecer una edad mínima de jubilación (de 57 años) para los educadores, para quienes actualmente no existe un mínimo de edad para acceder a la jubilación, solo una obligación de 25 años de aportes.
El argumento del Ejecutivo, presentado por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, es que el déficit histórico de la Caja Fiscal, que actualmente es de unos 380 millones de dólares, sigue aumentando principalmente porque los funcionarios públicos - especialmente los de las cajas más deficitarias, como las de docentes, magistrados judiciales, fuerzas policiales o militares – no tienen edad mínima de jubilación o tienen una edad muy baja.
El gobierno dice temer que, si no se toman medidas como el establecimiento de edades mínimas, el déficit de la Caja Fiscal podría ascender en 2028 a unos 683 millones de dólares, el 1,2 por ciento del Producto Interno Bruto de Paraguay.
“En un 95 por ciento la crisis es responsabilidad del Estado”
En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, uno de los mayores gremios docentes del país, ratificó la postura del gremio de rechazar lo propuesto por el Ejecutivo y argumentó que el Estado debe “honrar la deuda histórica que tiene con la Caja Fiscal” tras décadas de incumplimiento en el pago de aportes jubilatorios por los funcionarios públicos.
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Dijo que, desde 2003, el Estado – como patronal – dejó de aportar 4.200 millones de dólares a la Caja Fiscal.
Piris señaló que, en el sector privado, el aporte obrero-patronal jubilatorio al Instituto de Previsión Social consiste en un 16,5 por ciento del salario por parte de la patronal y un 9 por ciento del aporte del obrero. En cambio, afirmó, en la relación obrero-patronal entre el Estado y los docentes, los educadores aportan 16 por ciento y el Estado “cero”.
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“Ahora, con esta modificación, (el Estado) quiere aportar un miserable 3 por ciento”, dijo, y agregó que el aporte del Estado debería ser de 14 por ciento. “En un 95 por ciento la crisis (de la Caja Fiscal) es responsabilidad del Estado”.
La caja de docentes es una de las más deficitarias de la Caja Fiscal, con una diferencia negativa de 49 por ciento entre sus ingresos anuales (más de 1.200 millones de guaraníes) y sus egresos en concepto de pagos por jubilaciones (casi 2.400 millones de guaraníes).
Piris negó que ese déficit sea cubierto con dinero de impuestos e indicó que se cubre con el superávit de la caja de funcionarios públicos, un superávit que va disminuyendo año tras año.
“Gastos superfluos”
El presidente de la FEP opinó que resolver la crisis de la Caja Fiscal no debería implicar tocar la jubilación de los docentes u obligar a los contribuyentes a pagar más en impuestos, sino que es necesaria una “reorganización de gastos” del Estado que ataque las pérdidas monetarias causadas por la corrupción y los “gastos superfluos”.
Señaló la “jubilación VIP” de parlamentarios, cuyos beneficiarios cobran montos muy abultados en concepto de jubilación, como ejemplo de un gasto que debería ser eliminado.
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“Unos 125 ñatos cobran 20 o 30 millones de guaraníes (por jubilación) y tenemos un déficit de 600 mil dólares anuales en la caja parlamentaria”, señaló. “En manos de estos parlamentarios está decidir el futuro de miles de docentes”.
Piris dijo que el gremio docente es consciente de que es necesaria una reforma para garantizar la sostenibilidad de la Caja Fiscal, pero enfatizó que esa reforma no debe ser cargada “sobre las espaldas del trabajador”.
Argumentó que, bajo el nuevo régimen que propone el Poder Ejecutivo, un docente que comienza a ejercer a los 22 años deberá trabajar 35 años y aportar un 3 por ciento más que hoy para “recibir 5 por ciento menos” en jubilación.
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Agregó que se debe trabajar en mejorar el sistema de “prorrateo” por el cual se calcula cuánto debe cobrar cada jubilado, ya que bajo el sistema actual “muchos aportan una miseria y se jubilan con un sueldazo”, lo que causa que “en uno o dos años” estos retiren todo lo que aportaron, en detrimento de los demás aportantes.
“Estamos en pie de guerra”
Piris cuestionó también la aparente prisa con la que el Poder Ejecutivo y sus aliados en el Congreso Nacional quieren impulsar la reforma de la Caja Fiscal. Advirtió que el oficialismo cartista en el Parlamento quiere aprobar “a tambor batiente” la propuesta del gobierno en febrero, a pesar de que la eventual reforma no entraría en vigor hasta 2027.
“No estamos en contra de que se plantee la ley, pero queremos que se haga en forma correcta, esto se puede estudiar hasta noviembre”, subrayó, y especuló que en parte el motivo del aparente “apuro” en impulsar el proyecto es un deseo de no alterar el calendario escolar y, en consecuencia, no perjudicar a las empresas beneficiadas con licitaciones en el marco del programa de alimentación escolar “Hambre cero”.
“Estamos en pie de guerra, llegan a tocar nuestras jubilaciones en febrero y nosotros no vamos a clases”, advirtió.