Un total de 21 gremios docentes formalizaron su rechazo al plan de reforma de la Caja Fiscal del Ejecutivo y presentaron este martes una contrapropuesta oficial dirigida al titular de la Comisión Permanente del Congreso, Colym Soroka.
Las organizaciones, nucleadas en la Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, exigen que el aporte del Estado a la Caja Fiscal se eleve al 14%, en contraste con el 3% propuesto en el proyecto oficial.
Tras la presentación del documento, dirigentes gremiales como Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), y representantes de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP-Auténtica), brindaron declaraciones a los medios y defendieron el planteamiento con comparaciones regionales.
“Argentina, por ejemplo, aporta 13,8% por los docentes como patronal y Brasil aporta el 20%. Todos los países de la región aportan y solo en Paraguay no se ha aportado nada, prácticamente 0%”, aseveró Piris.
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Lo que Piris no cuenta es que la presión tributaria en esos países es el triple. Mientras en Paraguay es del 12%, en Brasil y en Argentina supera el 30%.
Argumentan deuda histórica
La postura de los gremios docentes se fundamenta en que el déficit actual sería consecuencia exclusiva de una “deuda histórica” acumulada por el Estado. Según los cálculos presentados por los sindicatos, el monto de este pasivo ascendería a más de US$ 4.200 millones.
Los dirigentes indicaron que la raíz del desfinanciamiento es que el Estado, en su rol de patronal, “nunca aportó” al sistema desde el año 1909.
Asimismo, acusan a las administraciones anteriores de haber utilizado los fondos jubilatorios para fines ajenos a la caja, citando como ejemplos el financiamiento de guerras y el pago de deuda pública. Bajo este argumento, exigen la devolución de dichos recursos antes de plantear reformas que afecten a los trabajadores.
Blindaje de derechos adquiridos y mesa técnica
En cuanto a la edad y requisitos de jubilación, los docentes reiteraron que se oponen a las modificaciones planteadas por el Ejecutivo.
Apuntan a que la nueva legislación previsional se aplique únicamente a los nuevos ingresantes a la función pública, buscando así garantizar lo que ellos consideran “derechos adquiridos” de los trabajadores con antigüedad.
Para el proceso de discusión, los gremios proponen la conformación inmediata de una mesa técnica que trabaje durante enero y febrero, con el fin de alcanzar un consenso antes del tratamiento del proyecto en el Congreso Nacional, previsto para marzo.
Advierten con huelga
Como medida de fuerza final, los gremios advirtieron que, si el Gobierno avanza con la aprobación de la reforma sin el consenso del sector, la respuesta será la no iniciación de las clases en el próximo periodo lectivo.
Por otro lado, los sindicalistas cuestionaron la necesidad de tratar la ley con celeridad, argumentando que su eventual entrada en vigencia está prevista recién para enero del 2027.
La postura contrasta con la urgencia manifestada días atrás por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, quien alertó ante la misma Comisión Permanente que el “acelerado deterioro” de la Caja Fiscal y su creciente déficit hacen insostenible la situación si no se introducen cambios paramétricos inmediatos, como la edad de jubilación.
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En esa ocasión, el titular del MEF enfatizó que, aunque no existen “soluciones mágicas”, tanto el Estado como los trabajadores deberán hacer un esfuerzo conjunto para evitar que el desbalance financiero siga creciendo año tras año.