Luego de que Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, publicara la llamativa licitación para la “construcción de una planta de molienda de 5.000 toneladas de caña por día (TCD)” en la alcoholera de Mauricio José Troche, departamento del Guairá, los productores de la zona solicitaron una audiencia para interiorizarse sobre el nuevo plan.
El llamado ya registra varios cuestionamientos desde su publicación en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), bajo el ID 477512, debido a que la estatal no facilitó las especificaciones técnicas a los interesados, tampoco respondió las consultas de los potenciales oferentes.
Petropar prevé “invertir” un monto máximo de G. 130.493 millones (unos US$ 20,1 millones al cambio actual) en esta nueva contratación, mediante un contrato abierto, según los datos oficiales. Las ofertas recibirá el miércoles, 28 de febrero.
Cristian Fonseca, presidente de la Asociación de Cañicultores de los departamentos de Guairá y Caaguazú, señaló que mediante una nota remitida el 19 de este mes solicitaron una audiencia con las autoridades de Petropar. En respuesta, el titular de la estatal, Eddie Jara, se comprometió a convocarlos a finales de este mes en la planta de Villa Elisa.
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“Nosotros pedimos la culminación del nuevo tren de molienda; esa es la postura que tenemos”, aclaró el dirigente.
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Los detalles de la fallida obra
Con esta millonaria “inversión”, la petrolera estatal busca “terminar” la fallida obra del tren de molienda de Troche, adjudicado en diciembre de 2021 a la empresa Estructura Ingeniería S.A. (EISA), propiedad de Alberto Palumbo, durante la administración de Denis Lichi (ANR) —actual gobernador de Cordillera—, por G. 195.299 millones. Posteriormente, mediante una adenda, el contrato fue ampliado en G. 3.405 millones.
Sin embargo, la empresa no logró concluir la planta en el plazo establecido, pese a haber percibido un anticipo de G. 41.815 millones, por lo que la obra se convirtió en otro “elefante blanco” de la estatal, en Troche. Tras un avenimiento ante la DNCP, en julio de 2023, se subcontrató a la firma Ocho A, vinculada al empresario Luis Pettengill y actual senador, para culminar los trabajos, sin que esto haya prosperado.
No obstante, tras la asunción de Eddie Jara al frente de Petropar, las obras fueron suspendidas en septiembre de 2023, dando paso a una serie de verificaciones y auditorías externas cuyos resultados nunca fueron difundidos públicamente.
La estatal contrató varias consultorías para estas revisiones y, como resultado, notificó a EISA sobre la apertura formal del proceso de rescisión del contrato en octubre del año pasado, en medio de una crisis con los cañicultores, a quienes se les había prometido que el nuevo tren de molienda estaría operativo en el plazo de un año.
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¿Sobrefacturación en puerta?
Llama la atención, además, el precio de referencia del nuevo llamado, ya que el mismo Jara señalaba en entrevistas anteriores con este diario, que con US$ 14 millones era posible montar una nueva planta, cuestionando que el Gobierno anterior haya adjudicado la obra por el doble de su valor. Sin embargo, ahora su administración también estaría inflando los costos de una fábrica que los cañicultores siguen reclamando, pese a que el propio Jara admitió que la alcoholera no resulta conveniente desde el punto de vista empresarial para Petropar.
Hasta el momento, la petrolera del Estado no aclaró si utilizará los equipos que adquirió EISA en Brasil para esta planta, los cuales siguen sin ser montados en el tinglado ya construido por la empresa en la localidad guaireña. Tampoco se explica si comprarán nuevos equipos o si instalarán los ya provistos.
Lo concreto es que entre los ítems solicitados figuran materiales para el montaje de la recepción de caña de azúcar, preparación, tándem de molienda, línea de bombeo y filtrado de jugo mixto, además del turbogenerador.
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El Ing. Óscar Vera, vocero de EISA, señaló a este diario que la intención de la estatal sería montar los equipos ya adquiridos por la empresa sobre las obras civiles construidas por la firma en Mauricio José Troche, por los cuales Petropar aún no pagó lo ejecutado. Además, cuestionó el monto del llamado, al considerar llamativo que se convoque por un máximo de G. 130.000 millones, cuando el montaje final y la puesta a punto de los equipos no deberían superar los G. 30.000 millones.
EISA recurrió a un tribunal
Por su parte, EISA recurrió al tribunal de cuentas en lo contencioso-administrativo de la capital para frenar la rescisión de su contrato. En el caso en que la medida cautelar resulte favorable a la empresa, Petropar no podría ejecutar las obras que de nuevo pretende contratar. “La rescisión no está firme, porque se presentó una demanda en lo contencioso-administrativo”, explicó Vera.
Cabe señalar, además, que la estatal continúa destinando millones a la vieja alcoholera con el fin de mantener la producción de alcohol, mientras aguarda la terminación del nuevo tren de molienda.