La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) enfatizó en un comunicado la urgencia de avanzar con la reforma de la Caja Fiscal, al señalar que se trata de una definición largamente postergada y de alto impacto para el futuro del país.
Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal cerró el 2025 en US$ 380 millones. Sin embargo, los cálculos actuariales indican que, sin las urgentes reformas, para los próximos 10 años se alcanzarían los US$ 9.800 millones de saldo rojo.
En ese contexto, Feprinco valoró la presentación del proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo, al que considera un avance imprescindible para abordar una crisis estructural cuya solución no puede seguir postergándose.
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Según la entidad, el deterioro de la Caja Fiscal “es resultado de décadas de inacción”, y generó un déficit creciente que el Estado cubre actualmente con recursos del Presupuesto General de la Nación, financiados por impuestos.
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Precisamente, según datos del MEF, el déficit acumulado en los últimos cinco años fue de US$ 801 millones en el sector de las fuerzas públicas, monto que fue cubierto con impuestos que pagamos todos los paraguayos y paraguayas. En tanto que US$ 579 millones fue el saldo rojo del magisterio nacional, que se financió con excedentes de los sectores del programa civil de la función pública.
En este escenario, el sector productivo alertó que esta situación compromete seriamente la capacidad del Estado para sostener funciones esenciales como la seguridad, la salud, la educación y la infraestructura.
Rechazo a nuevos impuestos
La sostenibilidad del sistema jubilatorio público, según afirma FEPRINCO, exige decisiones firmes, responsabilidad política y claridad sobre el modelo previsional que se pretende consolidar.
Asimismo, remarcó que continuar financiando el déficit de la Caja Fiscal con impuestos generales resulta “inequitativo y claramente insostenible”.
De acuerdo con las proyecciones de la cartera de Econmía, entre el 2027 y el 2031, prácticamente ningún sector podrá financiar sus jubilaciones con aportes propios. En ese quinquenio, en el segmento de la Policía Nacional, el 78% ya no se cubre con aportes; en las Fuerzas Armadas, el 84%; docentes universitarios, el 40%, magistrados judiciales, 68%; magisterio nacional, el 78%; y la administración pública y personal de blanco (que hoy son los superavitaros), en 34%.
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La nucleación de productores insistió en que la reforma debe asumirse como una política de Estado “basada en criterios de equidad, sostenibilidad y coherencia entre aportes y beneficios”, y sin trasladar nuevas cargas a los sectores productivos ni desfinanciar áreas estratégicas.
El documento finaliza con el pedido de que el debate se amplíe a una revisión integral del sistema previsional, que incluya tanto al Instituto de Previsión Social (IPS) como “a los regímenes especiales con privilegios injustificados, incompatibles con el principio de igualdad ante la ley y lesivos para la credibilidad del sistema”.
Unánime apoyo
El pasado miércoles, en una reunión mantenida en la Comisión Permanente del Congreso, economistas, exministros de Haciendo, representantes del sector productivo del país y autoridades del MEF coincidieron en la necesidad de llevar adelante esta reforma.
Incluso, legisladores presentes reconocieron que la decisión tendrá un alto costo político, sin embargo, si no se aplican reformas estructurales, el impacto económico finalmente terminará perjudicando gravemente a toda la economía.